A tres días de las elecciones judiciales y luego de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que las dejó parcializadas, el analista político Vladimir Peña denunció que este órgano actúa como un “instrumento de poder” del Gobierno.
El 4 de noviembre, mediante una Sentencia Constitucional, se declaró desiertas las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Por ello, este domingo se llevarán adelante las elecciones judiciales parciales y no únicas e íntegras.
En opinión de Peña, el Tribunal Constitucional no actúa como un ente autónomo, sino que “es un instrumento del poder político y en este caso del presidente (Luis Arce) y su Gobierno”.
También, denunció que este proceso electoral es un “engaño” diseñado para consolidar el control del Gobierno del presidente Arce sobre el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.
“Entonces el Presidente, más allá del resultado del domingo, igual va a seguir controlando el Tribunal Constitucional para que siga emitiendo fallos en función de sus intereses”. Para Peña, esto genera un precedente funesto, como la manipulación de procesos electorales desde el propio tribunal.
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Elecciones generales en riesgo
Peña planteó que, con las elecciones judiciales parciales, que sientan un precedente “funesto”, también se pone en riesgo la realización de las elecciones generales del 2025. En su criterio, la parcialización de las judiciales, abre la puerta a intervenciones arbitrarias en futuros procesos electorales.
“Imaginemos que, el próximo año en las elecciones generales, este TCP autoprorrogado, dijera que las elecciones presidenciales sólo se celebran en seis de nueve departamentos del país. Y casualmente los tres departamentos donde no se va a celebrar es donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) es minoría, donde la oposición es mayoría” advirtió.
Añadió que la cooptación del TCP también debilitó a la Asamblea Legislativa, a la cual se le anuló sus facultades de fiscalización. Incluso el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que inicialmente rechazó la sentencia que parcializó las elecciones, cedió ante la presión gubernamental.
El 15 de diciembre, 7.333.933 habilitados acudirán a las urnas a emitir su voto a los altos cargos del Órgano Judicial y TCP de manera parcial.
