El reciente debate sobre las elecciones judiciales parciales ha puesto en evidencia las tensiones entre los actores políticos, los órganos del sistema democrático y la ciudadanía.
En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Antonio Costas, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Armando Ortuño, economista y analista político; y el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, coincidieron en que el proceso, aunque haya concluido, deja interrogantes sobre la independencia de poderes y la fortaleza institucional del país.
Por ello, Vargas abordó la necesidad de evaluar el ciclo político-electoral desde una perspectiva integral. Propuso blindar el sistema democrático mediante un gran acuerdo nacional que refuerce la separación de poderes y fortalezca la institucionalidad electoral. Entre las medidas destacó:
- Garantizar presupuesto adecuado para las elecciones generales de 2025 y subnacionales de 2026.
- Aprobar la legislación pendiente que permita implementar mecanismos como el debate presidencial obligatorio y la paridad en los binomios.
- Institucionalizar la transmisión rápida de resultados preliminares (TREP), evitando su manipulación como herramienta política.
El vicepresidente también denunció la instrumentalización del Tribunal Constitucional como una práctica que no comenzó en esta gestión, pero que debe cesar para evitar futuros conflictos.
“La tarea pendiente es garantizar que el Órgano Electoral, más allá de las personas que lo conforman, tenga las facultades necesarias para preservar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”.
Por su parte, Costas aseguró que el proceso electoral, aunque ejecutado, fue “fallido” debido a la instrumentalización de las instituciones, como el Tribunal Constitucional. Criticó que el proceso de preselección y elección estuvo marcado por interferencias externas, retrasos y decisiones que excedieron los límites legales.
“Llegamos a este punto con elecciones mutiladas y un Tribunal Constitucional que no ha respetado los plazos ni las normas”, afirmó Costas.
Por su parte, Ortuño destacó aspectos positivos de la jornada electoral, como la participación ciudadana. “A pesar de la controversia, vimos votantes conscientes, jurados jóvenes y un civismo que me da optimismo para el futuro”.
Sin embargo, advirtió que la intervención de otros poderes antes de las elecciones genera un riesgo significativo para los procesos de 2025 y 2026. “El problema no será la jornada electoral, sino las maniobras previas”, alertó.
Los tres panelistas concluyeron en que es crucial un diálogo nacional para abordar los retos que enfrenta el sistema democrático. El ciclo electoral que se avecina será un punto de inflexión: no sólo están en juego los resultados de unas elecciones, sino la credibilidad y el fortalecimiento de la democracia en su conjunto.
Lea: El cómputo a nivel nacional llega al 7,39% para el Agroambiental y de la Magistratura
