En el marco de la polémica por las recientes elecciones judiciales parciales, el senador evista del Movimiento al Socialismo (MAS) William Torrez urgió la necesidad de que la Asamblea Legislativa trabaje en un proyecto de ley que permita el funcionamiento pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con las nuevas autoridades electas.
El domingo, los bolivianos eligieron a 19 de las 26 altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP.
En entrevista con La Razón Radio, el legislador aseguró que las elecciones, aunque parciales, marcaron un momento inédito y cuestionó la coexistencia de los magistrados recientemente elegidos con los que han prorrogado sus funciones.
En su criterio, esta situación genera un conflicto entre autoridades legítimas y aquellas que actúan de manera “inconstitucional e ilegítima”, refiriéndose a las autoridades autoprorrogadas.
“El artículo 183 de la Constitución es claro: el mandato de los magistrados es de seis años, ni un día más, ni un día menos. Sin embargo, algunos magistrados llevan más de siete años en sus cargos, vulnerando flagrantemente la Constitución”, señaló.
Ante este panorama, el senador planteó que la Asamblea debe consensuar un proyecto de ley que defina el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados, considerando que el TCP ya cuenta con cuatro nuevos integrantes electos.
“No habrá razón para que continúe el ejercicio de quienes están de manera inconstitucional. Una ley bien trabajada podría resolver este problema”, subrayó.
Torrez reconoció que cualquier solución debe respetar los mandatos constitucionales que establecen que el TCP debe estar compuesto por nueve magistrados. También planteó que se debe analizar cuidadosamente cualquier propuesta, como la presentada por la senadora Silvia Salame, que busca permitir el funcionamiento del TCP con sólo cuatro magistrados.
“Hay que discutir y consensuar una ley que no colisione con la Constitución. Esto no será una tarea fácil, pero es necesaria para devolver la institucionalidad al TCP y resolver los abusos e irregularidades que se han presentado en los últimos años”, afirmó.
Consultado sobre posibles soluciones a largo plazo, el senador criticó la gestión del Gobierno respecto al tema judicial. Señaló que el Ejecutivo ha adoptado una actitud “cómplice” frente a las irregularidades en el TCP y exigió voluntad política para corregir esta situación.
