La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado “enérgico” a todas las instituciones bolivianas a buscar “de manera urgente” una solución que permita concluir con la selección de los magistrados pendiente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En el Informe Preliminar de la Misión de la OEA “Elecciones Judiciales en Bolivia 2024”, la misión observó “con preocupación” que las elecciones judiciales se celebraron con un año de atraso, mismas que desencadenaron una serie de conflictos políticos-jurídicos, en el que permitieron la extensión del mandato de los magistrados, electos en 2017, del Órgano Judicial y del TCP.
“La extensión del mandato más allá del plazo establecido en la Constitución (…) fue decidida por el TCP mismo. Posteriormente, la Sala Cuarta del TCP declaró inconstitucional la convocatoria a elecciones al TCP en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija y del TSJ en Beni y Pando, lo que implicó no solo la celebración por primera vez de elecciones de manera parcial en el país, sino que también los miembros electos por esos departamentos en el 2017 no fueron renovados en estas elecciones y permanecerán en sus cargos hasta que se organice una nueva elección”, menciona el informe.
La misión de la OEA inició el lunes 9 de diciembre su trabajo de cara a los comicios del 15 de diciembre. En su permanencia en el país se reunió con representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral, TCP y el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones del Estado, además de miembros de la sociedad civil, la academia y personas candidatas.
De esos encuentros, la misión observó que “es claro que Bolivia se encuentra inmersa en un profundo conflicto político-institucional en el que autoridades y agrupaciones políticas mantienen posturas opuestas sobre cómo debió haberse llevado a cabo la elección judicial”, pero, también, de “cómo se debe proceder luego de los fallos del TCP que hicieron de esta una elección parcial, lo que evidencia la complejidad del contexto actual y los riesgos que implica para la estabilidad social y democrática del país”.
También, la Misión señaló que a pesar de las mejoras observadas en algunos aspectos del proceso electoral, la “ausencia y falta de claridad normativa”, respecto a cada etapa del proceso y sus incidencias, alentó a “la emisión de decisiones tanto administrativas como judiciales escasamente fundamentadas o inconsistentes”, como la “injerencia política” en ambas etapas del proceso electoral que debilitaron “el marco regulatorio e institucional”, así como la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
“Todo esto, ha generado un conflicto institucional severo con el potencial de poner en riesgo la gobernabilidad democrática del país, evidenciando las limitaciones inherentes del modelo”
Además, constató que en el país existe un debate respecto a la “pertinencia” de mantener la etapa de elección popular de este proceso de selección de altas autoridades judiciales, lo que sugiere que aún existen importantes mejoras por hacer a este mecanismo de selección.
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“Luego de más de una década de la introducción del sistema de elección de autoridades judiciales en Bolivia, (la misión) constató que ninguno de los actores entrevistados está plenamente conforme con el mecanismo actual y coincidieron en que, a pesar de que no es perfecto, debe cumplirse con la renovación de jueces respetando lo establecido en la Constitución Política”.
Mencionó que es urgente que las autoridades bolivianas, los órganos políticos y las organizaciones de la sociedad civil trabajen de manera conjunta en el diseño de un sistema que no solo corrija las deficiencias actuales, pero además se garantice la sostenibilidad de las soluciones adoptadas de aquí en adelante.
“El modelo vigente ha demostrado sus limitaciones y su evaluación integral debe ser una prioridad ineludible para fortalecer la independencia judicial, la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones del país. Además, los aprendizajes extraídos de esta experiencia pueden servir de referencia para otros países que consideran implementar sistemas similares, evitando así reproducir sus efectos”.
La misión recomendó que, en caso de continuar con el sistema electoral juridicial vigente, es urgente “sistematizar y armonizar la normativa” mediante la aprobación de una ley marco “clara, precisa y de fácil comprensión, que regule todas las etapas y aspectos relacionados con la preselección, selección y elección de autoridades judiciales”.
Así como replantear el papel de la Asamblea en el proceso de preselección, “evaluando la posibilidad de incorporar a esta etapa a un comité especializado compuesto por expertos imparciales”.
También de establecer un “régimen claro, accesible y efectivo para las impugnaciones que puedan surgir en cualquier etapa del proceso, con el objetivo de reducir la judicialización innecesaria en las altas cortes y preservar la imparcialidad de las decisiones”.
