La Presidencia de la Asamblea Legislativa comunicó a los senadores y diputados que el receso legislativo de fin de año inicia desde el miércoles 18 hasta el jueves 1 de enero de 2025, sin la conformación de una comisión porque las cámaras de Senadores y de Diputados no hicieron llegar las listas respectivas.
“En la segunda sesión de la Asamblea del juez 12 de diciembre se solicitó a las jefaturas de las bancadas políticas, remitan la nómina de asambleístas que conformarán la comisión de Asamblea para el receso legislativo de fin de año, sin embargo, las citadas nóminas no fueron remitidas hasta la fecha, por lo que en cumplimiento a lo previsto del artículo 153. III de la Constitución, el receso iniciará el 18 de diciembre hasta el 1 de enero”, señala parte del comunicado emitido por la presidencia de la Asamblea.
También indica que no se contará con la comisión de Asamblea al no haber sido conformada la misma en la tercera sesión, por lo que, los “asuntos de urgencia que surjan durante ese periodo serán atendidos de acuerdo a las previsiones constitucionales”.
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Las críticas contra esa decisión no se dejaron esperar y desde el evismo y la oposición señalaron que decretar el receso parlamentario es una estrategia para no debatir el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025.
“Ha habido desde la semana pasada una intención de que no se debata el Presupuesto General del Estado. Hay tantos cuestionamientos y un ejemplo es que está aumentando a 82.000 millones de bolivianos para las empresas, 2% adicional, para las empresas bolivianas que no generan nada (…) y para qué es esa plata, para hacer campaña política”, dijo el senador evista Luis Adolfo Flores.
Señaló que por eso no quieren debatir el Presupuesto General del Estado, porque “gran parte” irá para hacer campaña a partir del 1 de enero para las elecciones generales.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero dijo que la imposición del receso muestra “la incompetencia” de David Choquehuanca y el lado dictatorial del Gobierno que pretende aprobar el Presupuesto General del Estado sin que se lo hubiese tratado en la Asamblea.
“Una cosa es aprobar cuando es rechazado y eso lo estipula la Constitución y otra cosa es aprobarla sin que siquiera se haya tratado en la Asamblea y es lo que ocurre en este caso”.
