De 7,3 millones de habilitados para participar de la votación del 15 de diciembre para elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 1,3 millones no acudieron a emitir su voto. Esta cantidad representa el 18% de ausentismo.
“De los 7,3 millones de ciudadanos habilitados, 6 millones concurrieron a las urnas, y 1.300.000 no concurrió a las urnas”, señaló el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, a Cadena A.
A esta cantidad de ausentismo, el vocal electoral recordó que existen 400.000 inhabilitados en todo el territorio nacional. Pidió a estos ciudadanos pasar a los tribunales electorales departamentales, así como los puntos del Servicio de Registro Cívico (Serecí) para rehabitarse, de cara al proceso de las elecciones generales de 2025.
“La rehabilitación no es automática, sino que vamos a tener otra vez sorpresitas de inhabilitación y no van a poder votar en las elecciones presidenciales 2025”, advirtió.
El domingo 15 se eligió a los consejeros y magistrados para el Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA), además de las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo en algunos departamentos.
Tras la votación, el lunes se registraron largas filas para obtener el certificado de impedimento en los Tribunales Electorales Departamentales del país.
Muchas personas no lograron votar por diferentes motivos, sea salud, viaje o se enteraron que estaban inhabilitados para participar de este proceso electoral.
Tahuichi informó también el lunes que el plazo para el trámite del certificado de impedimento es durante los 30 días siguientes después de la votación. “No es para desesperarse”, indicó, entonces.
El vocal además resaltó el “quiebre histórico” de este proceso electoral sobre la mayor cantidad de válidos con aproximadamente el 65% frente a los votos nulos y blancos que están en el orden del 35%.
“Podríamos señalar que ha tenido un fuerte peso las redes sociales. Es una cosa totalmente inversa a lo que había pasado en las elecciones anteriores”, resaltó.
También, añadió que la gente votó por cuatro candidatos inhabilitados y uno fallecido e indicó que no solo se llegaría al 65% de participación, sin “tal vez” se iba a alcanzar incluso el 70%.
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“Eso es porque al final esos votos se los computó como cero y fueron a sumar la estadística de los votos nulos”.
Sobre la continúan de este proceso judicial restante, Tahuichi resaltó que esta segunda parte pasa por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, enfatizó que el artículo 182 de la Constitución Política del Estado señala que el proceso electoral es “único y exclusivo”.
“Lo primero que se debería pensar, en este proceso electoral, es cómo se recompone esta parcelación. O es que acaso vamos a tender hacia adelante un proceso de parcelación judicial”.
Señaló que en la normativo del Régimen Electoral (Ley 026), éste indica que “no se puede realizar dos elecciones a la misma vez”.
“Pensemos, una elección general presidencial 2025, que va a arrancar en abril del siguiente año, el 12 de abril. No podemos tener a la par otro proceso electoral judicial. Porque el proceso electoral se va a contaminar con la política”, observó.
Indicó que una manera “salomónica” de recomponer este proceso es mediante una modificación de la Ley 025. Dijo que se debe modificar la composición del Tribunal Constitucional.
Planteó que los suplentes más votados “asuman” la titularidad, pero, eso así aclaró, si logra una voluntad política en la Asamblea.
“Nos ahorramos 120 millones de bolivianos que costaría esa segunda parte. ¿O es que acaso el Estado pretende que tengamos la selección de magistrados más caras del mundo? Hay que sumar, este proceso costó 183 millones más otros 120 millones. Nos estaría costando más de 300 millones de bolivianos al Estado boliviano”.
En el proceso electoral judicial se renovaron a 19 de los 26 magistrados y consejeros del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, aún falta la renovación de los magistrados del TCP en cinco departamentos y del TSJ en las regiones de Beni y Pando.
