Bolivia atraviesa por una situación complicada debido a la crisis institucional y el desorden en los cuatro poderes del Estado (Judicial, Ejecutivo, Electoral y Legislativo). Este 2024, el Órgano Judicial fue blanco de duras críticas y acusado de cometer injerencia en los otros poderes.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia y de la otrora Corte Suprema de Justicia, y Silvia Salame, senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional, compartieron sus reflexiones sobre las recientes elecciones judiciales y la crítica situación de la justicia en el país.
Las elecciones judiciales agravaron el panorama, debido a que los comicios se llevaron adelante de forma parcial.
Obligado por dos decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ejecutó elecciones judiciales parciales el domingo 15 de diciembre, de las cuales fueron elegidas solo 19 de 26 autoridades
A lo largo de más de un año, recursos constitucionales y decisiones del TCP frenaron los comicios que debían llevarse a cabo en 2023 y derivaron en la elección de magistrados y consejeros para su mandato desde este 2024.
Rodríguez Veltzé y Salame, coincidieron en que las elecciones judiciales, celebradas de manera parcial y en un contexto de incertidumbre, reflejan lo que el expresidente calificó como un “agravio al orden democrático”.
El expresidente señaló que la imposibilidad de votar para conformar plenamente el TCP y el Tribunal Supremo de Justicia en varios departamentos dejó a más de 4.1 millones de ciudadanos sin la posibilidad de ejercer este derecho.
Rodríguez destacó que el diseño constitucional para elegir autoridades judiciales sigue siendo defectuoso, ya que los altos niveles de votos blancos y nulos demuestran un rechazo ciudadano persistente hacia este sistema. “Elegimos magistrados con promedios de entre el 20% y el 32% de los votos, mientras que los blancos y nulos suman porcentajes mayores. Esto refleja un diseño fallido que debe ser revisado”.
Por su parte, Silvia Salame compartió su optimismo moderado, bajo el argumento de que, aunque el proceso electoral fue imperfecto, representa un paso inicial hacia una eventual reforma judicial estructural.
Sin embargo, criticó duramente al TCP por haber fallado en beneficio propio, y calificó sus resoluciones como “panfletos” carentes de legitimidad. “Estamos prisioneros de magistrados autoprorrogados que emiten fallos inconstitucionales para mantenerse en el poder. Este es un caso de total usurpación de funciones”.
Ambos expertos plantearon que la crisis judicial trasciende lo electoral y abarca problemas estructurales como la falta de presupuesto, políticas públicas deficientes y la ausencia de una verdadera independencia de poderes.
Rodríguez sugirió que esta coyuntura debería ser aprovechada como una oportunidad para exigir a los futuros candidatos un compromiso serio con la reforma judicial, señalando que “los bolivianos merecemos un sistema de justicia accesible, imparcial y eficiente”.
Salame urgió la necesidad de modificar la Constitución para cambiar el mecanismo de elección de magistrados, que actualmente es controlado por la Asamblea Legislativa. Propuso que las autoridades judiciales sean seleccionadas mediante un proceso más transparente y democrático, asegurando que “no puede haber una verdadera elección popular si el ciudadano solo elige entre los precalificados por el legislativo”.
A su vez, ambos panelistas concordaron en que la actividad del TCP ha vulnerado gravemente la institucionalidad democrática. Salame sugirió que, dada la ausencia de mecanismos internos efectivos, la única alternativa viable podría ser llevar el caso ante instancias internacionales.
