Cindy Vargas, la noche del lunes, anunció que interpuso una demanda en la Fiscalía General del Estado porque se siente perseguida por el actual gobierno. “Somos víctimas del poder. En mi caso no buscan justicia”, mencionó Vargas en esa entrevista que duró 30 minutos.
El expresidente Evo Morales fue acusado penalmente el 16 de diciembre de trata de personas agravado y se le giró una orden de captura y una alerta migratoria para evitar su salida del país.
Según la Fiscalía Departamental de Tarija, la orden de aprehensión se emitió luego de que Morales no se presentara a una convocatoria de la Fiscalía para declarar en el caso que se le sigue por una denuncia de presunta relación sentimental con una menor en 2015.
También se giró una orden de captura contra la madre de la entonces menor, Idelsa Pozo Saavedra, por el mismo delito.
Según contó Vargas, la denuncia que ella interpuso es por complicidad del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, con el anterior gobierno, porque habrían sido ellos quienes la sacaron del país a ella y a tres menores (su hija y sus dos hermanos) en 2019.
En agosto de 2019, Del Castillo les habría dicho a Cindy y su familia, que sus vidas corrían peligro, y que tenían que salir del país. La actual fiscal era representante del Consejo de la Magistratura, “consiguió a la juez en Yacuiba para los permisos de viaje para tres menores de edad, hasta Buenos Aires”.
“Yo tengo más pruebas, fotos y charlas con Eduardo”. Vargas asegura que el actual ministro y la fiscal Gutiérrez “son los verdaderos tratantes”. “No estoy desaparecida, estoy salvaguardando la integridad de mi hija. Secuestraron a mi padre”, sentenció Vargas.
En 2021, el ministro se habría contactado con Vargas para decirle que el caso que se abrió durante el gobierno de Añez se había cerrado y que debía cambiar el apellido de su hija. A principios de 2024, Eduardo del Castillo la convocó, mediante una llamada, a una reunión en el hangar presidencial de Tarija. “Me amenazó con demandarme a mí, y a mis padres, y lo cumplió”.
Dijo que su padre, quien guarda detención preventiva por este caso, se fue de la casa hace muchos años. “Él no me conoce, no ha vivido conmigo, tampoco conoce a mi hija, sólo la vio un par de veces”.
Al preguntarle sobre su relación con el expresidente, ella aseguró que, tras el abandono de su padre, ella se convirtió en la responsable de la casa, la mayor de siete hermanos. “Lo que pasó solamente sabía yo, hasta el año 2017, ahí decidí contarle a mi madre lo que pasó”, aseguró Vargas. Evitó dar detalles de su supuesta relación con Morales, y referirse a él.
En otro de los momentos, el periodista le preguntó si estaría más tranquila con el expresidente en la cárcel, a eso respondió que deberían estar detenidos quienes montaron todo el proceso contra su familia. “Me siento amenazada por el gobierno”.
“Me han revictimizado mil veces. No pensaron en una niña que quiere crecer, en una joven que tiene sueños… me quitaron el derecho al trabajo”, concluyó Vargas al mismo tiempo que mencionaba que la Defensoría de la Niñez fue al colegio de su hija para que sea suspendida.
“Ellos manejan la justicia, permitieron que la Fiscal Departamental (de Tarija) persiga a mi familia, en este instante hay personas que están vigilando mi casa. Estamos siendo vigilados y perseguidos”, denunció Vargas, quien permanece en la clandestinidad.
Evo Morales afirmó a comienzos de octubre, cuando ya se conocía el caso, que las acusaciones son parte de una “persecución política” en su contra para evitar que se postule como candidato presidencial a las elecciones de 2025.
«El #Lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares. Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión», escribió el 7 de octubre Morales en una publicación de la red social X.
