El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este jueves que “urge” que el país reciba señales claras y contundentes para reparar la institucionalidad en el sistema de justicia y el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos.
Las declaraciones de Callisaya surgen luego que los magistrados prorrogados establecieran, a través de un auto constitucional, continuar su mandatado hasta que haya una nueva elección judicial.
“Es imperativo corregir los desvíos de poder que están debilitando los cimientos de nuestra democracia”, escribió Callisaya desde su cuenta X, acompañada de una fotografía de del Auto Constitucional 0113/2004.
El fallo de sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó “dimensionar” los efectos de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023, y resolvió que la prórroga de mandato de las autoridades en actual ejercicio en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el TCP debe continuar hasta que se elija y posesione a las nuevas autoridades donde las convocatorias fueron declaradas desiertas.
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La determinación fue plasmada en el auto constitucional, del 11 de diciembre del 2024, y fue firmada por cinco de los nueve magistrados que conformaron Sala Plena.
El 15 de diciembre, 19 de los 26 magistrados del Órgano Judicial y del TCP fueron electos de manera parcial en las urnas, debido a la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre, que declaró desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TCP) en los departamentos de Beni y Pando.
Además, de la elección de magistrados del TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
En esas magistraturas no renovadas, las autoridades electas en los comicios de 2017 continúan ocupando el cargo, pese que a la Constitución Política del Estable solo seis años de mandato.
La Sentencia Constitucional 049/2023 prorrogó su mandato de los magistrados y el Auto Constitucional 113/2024 blindó su prorroga y puso como fecha hasta que se elija y posesione a las nuevas autoridades judiciales restantes.
Sectores políticos y parlamentarios pidieron el establecimiento de la legalidad del Órgano Judicial y calificaron la sentencia del 11 de diciembre como una inadmisible provocación.
