El Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo afín al expresidente Evo Morales convocaron este jueves de manera formal a la ‘Gran Marcha Nacional por la Vida’ que iniciará el 10 enero a las 08.00 desde el municipio de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz para exigir soluciones concretas y oportunas al Gobierno, ante los problemas que afectan a las familias, y la liberación “inmediata” de los presos políticos.
“En cumplimiento de la resolución del ampliado nacional de emergencia del Estado Mayor del Pueblo y el Pacto de Unidad, se conforma el Comité Único Nacional (Comunal) y se convoca a todas las organizaciones sociales de Bolivia, departamentales y regionales, Conamype, sector de regantes de Bolivia, Conamprabol, sectores productivos, sector transporte libre y federado, gremialistas, artesanos, sector salud, magisterio urbano y rural, sector minero, entre otros a la Gran Marcha Nacional por la Vida”, señala parte de la convocatoria emitida por el Pacto de Unidad evista.
La medida asumida fue analizada en el Trópico de Cochabamba en el ampliado nacional de emergencia con participación de dirigentes de los movimientos sociales. En el encuentro se evaluó la “grave” crisis económica, política y social que se vio reflejada en escasez de combustible, escasez de dólares e incremento de la canasta familiar.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonado Loza indicó el martes que se los ejecutivos y dirigentes sugirieron participar de la manifestación, sin embargo, recalcó que dende les “llame el pueblo y nuestros dirigentes, vamos a estar siempre presentes”.
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“Va a ser una marcha de entre 3 o 4 días, recalco: donde nos llamen, donde nos convoquen, siempre nosotros estaremos participando por el bien de toda la población boliviana en su conjunto”, reiteró el legislador.
A la par de la movilización, el líder cocalero fue convocado el 14 de enero a las 09.30 a una audiencia de medidas cautelares en el departamento de Tarija.
Se prevé que, durante la audiencia, el Justicia decida si Morales enfrenta el proceso en su contra en libertad o prisión preventiva.
La Fiscalía de Departamental de Tarija imputó de manera formal y ejecutó la orden de aprehensión desde el 15 de octubre contra el líder cocalero dentro de la investigación que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.
El Ministerio Público pedirá la detención de seis meses por los delitos de trata y tráfico que pesan en contra del líder cocalero.
Sobre este caso, Cindy Vargas, presunta víctima, señaló que interpuso una demanda en la Fiscalía General del Estado porque se siente perseguida por el actual gobierno.
“Somos víctimas del poder. En mi caso no buscan justicia”, mencionó Vargas en esa entrevista con un medio DNews.
