Ante el anuncio de la marcha evista prevista para el 10 de enero, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, garantizó el derecho constitucional a la protesta, pero advirtió que el Gobierno no tolerará hechos de violencia.
“El derecho a la protesta está garantizado, pero subrayó que debe ser pacífica. La violencia no será tolerada, y el Gobierno actuará conforme a la Constitución si se generan actos fuera de la ley”, dijo a los periodistas en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.
La funcionaria criticó que los afines a Morales hayan propiciado al menos 40 días de bloqueo en 2024, lo que generó
“En el último año, hemos visto movilizaciones que han derivado en violencia, afectando a la población. Como Estado, nuestra prioridad es proteger a las personas y garantizar la convivencia pacífica. Las protestas son legítimas, pero no deben dañar al país”, advirtió Alcón.
Gabriel Alcón
Asimismo, lamentó que ese tipo de protestas ocurran en el año del Bicentenario del país y manifestó la apertura del Gobierno al diálogo.
“Siempre hemos estado abiertos al diálogo con todos los sectores. La violencia no es el camino. Unidos podemos construir soluciones que beneficien a todas y todos los bolivianos, sin perjudicar la paz ni el desarrollo de nuestro país”, complementó.
La movilización evista fue cuestionada por varios sectores.
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que la medida está “financiada” y cuestionó el origen de esos recursos.
“Este tipo de conflictos desacreditan a nuestro país, la inversión privada se está yendo por culpa de estos conflictos; ¿quién financia las marchas?, ¿quién financia los bloqueos, de dónde sacan plata para mover a tanta gente?”, dijo Copa a los medios en Sucre.
