Los productores agropecuarios, gremiales, industriales y de transporte rechazaron categóricamente la Disposición Adicional Séptima incluida en la Ley 1613, de Presupuesto General del Estado (PGE). Ésta faculta a las «autoridades comptentes» a proceder con el decomiso de productos alimenticios esenciales. Este anuncio marca un punto clave en torno al cual puede girar la conflictividad del país en 2025. La economía arrastra complicaciones por la escasez de combustible, falta de dólares, incertidumbre y una inflación creciente.
La medida fue calificada como un «error funesto» que amenaza la estabilidad del sector productivo y el abastecimiento de alimentos a la población. “Nadie producirá a pérdida o para que le confisquen sus productos con el pretexto de especulación; generando un escenario propicio para la arbitrariedad y extorsión de funcionarios públicos”, señala el documento. El mismo fue suscrito por a Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y otras 20 organizaciones.
El pronunciamiento reclama soluciones de fondo a la crisis de abastecimiento de carburantes, que, aseguran, ha afectado gravemente los costos de producción y transporte. “Llevamos más de un año con alta inestabilidad en el abastecimiento, esto se resuelve con oferta de producto hasta cubrir la demanda; mientras eso no pase, se seguirá afectando a las cadenas de suministro de forma negativa”, señalaron.
Impacto en la producción de alimentos
El trasfondo de esta crisis viene marcado por un 2024 desastroso para el sector agrícola. Según un informe, emitido del 17 de diciembre pasado, por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la producción de granos estratégicos cayó. La soya, maíz, trigo y sorgo disminuyeron en un 50% debido a la peor sequía en 30 años. La inseguridad jurídica y las complicaciones en el suministro de diésel agravaron aún más la situación. “Sin embargo, los agricultores hicimos y seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el abastecimiento del mercado interno”, aseguró Fernando Romero, presidente de Anapo.
Los productores alertan que medidas como la disposición sobre decomisos solo aumentarán la incertidumbre. “Las últimas acciones del Gobierno no han resuelto la falta de arroz y aceite; la intervención y el amedrentamiento profundizan la escasez en lugar de resolverla”, denuncian los gremios.
Productores exhortan al diálogo
Los gremios exhortaron al Ejecutivo y Legislativo a abrogar de inmediato la Disposición Adicional Séptima. También pidieron acciones concretas para resolver la falta de dólares y garantizar el suministro de combustibles. “Para contrarrestar la subida de los costos de producción, el Gobierno debe colocar mayor disponibilidad de divisas, porque lo que encarece los productos no es el precio internacional, sino la falta de dólares en el país”, señalaron.
Finalmente, destacaron que las peores consecuencias de estas políticas no recaerán solo en los productores, sino en la población. “El desabastecimiento se profundizará si no se toman medidas correctivas. Los alimentos esenciales para los bolivianos dependen de condiciones de producción justas y estables”, concluyeron.
El conflicto entre el Gobierno y los gremios evidencia un creciente malestar en sectores clave de la economía boliviana. Mientras tanto, las cadenas de suministro permanecen bajo presión, dejando en suspenso el futuro del abastecimiento de alimentos en el país.
