En noviembre del 2024, Branko Marinkovic, exministro de Economía de Jeanine Áñez, pidió al gobierno argentino que se avance en las investigaciones contra el expresidente Evo Morales por el supuesto delito de trata de personas.
La ministra de Seguridad del vecino país, Patricia Bullrich, confirmó en su cuenta de X, que una investigación contra el boliviano estaba en curso. “El delito en suelo argentino se paga”, sentenció la autoridad argentina.
Según el documento oficial del Juzgado Criminal y Correccional 2 del Poder Judicial de la Nación, se definió desestimar la denuncia contra Morales.
En el documento al que accedió La Razón, se describe que Marinkovic presentó en su denuncia recortes de un periódico boliviano y de otro argentino, que describían los supuestos actos de Morales.
Sin embargo, el abogado Eduardo R. Taiano, que planteó la desestimación de la denuncia, argumentó que el “carácter delictual atribuido a los hechos bajo análisis no es más que una presunción sin asidero alguno, en tanto la vaguedad de la acusación que se enuncia y el escueto basamento fáctico aportado conmueven las condiciones de seguridad y seriedad que el tratamiento de toda investigación penal requiere”.
Asimismo, el documento muestra que Taiano expuso: “la prudencia observable en materia de denuncias penales aconseja la no judicialización automática de artículos periodísticos o informes obtenidos de internet o de canales de televisión con conjeturas apresuradas, en tanto la ley requiere que el denunciante haya presenciado dicha comisión (de delito) o tenga conocimiento de su perpetración por medios fehacientes “.
Por tanto, ese juzgado resolvió «desestimar la presente denuncia con lo normado por el art. 180 in fine del Código Penal de la Nación (argentina)».
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