El expresidente Evo Morales, según su abogada, está siendo objeto de una estrategia conocida como «lawfare» o guerra judicial en Latinoamérica, un fenómeno que se ha repetido en los últimos años.
Urquieta afirmó que la persecución judicial contra Morales no es un caso aislado: «Lo hemos visto en Brasil con Lula da Silva, en Argentina con Cristina Fernández, en Ecuador con Rafael Correa y en Perú con otros líderes progresistas.»
Según la jurista, esta estrategia sigue un patrón definido: deslegitimar a los líderes políticos y sus partidos para evitar un contrapeso efectivo frente a una derecha que busca reinstaurar modelos neoliberales.
Falta de investigación
Urquieta afirma que un ejemplo preocupante de esta situación ocurrió el 27 de octubre, cuando se atentó contra la vida de Morales.
En un principio, el viceministro de Seguridad Ciudadana calificó el hecho como un autoatentado. Sin embargo, tras la presentación de pruebas, se confirmó que agentes estatales habían disparado contra los seguidores del expresidente.
Aunque el gobierno anunció una investigación profunda, hasta la fecha no se han obtenido avances significativos, informó la abogada.
Irregularidades judiciales
Según Cecilia Urquieta, Morales enfrenta más de nueve procesos judiciales, muchos de los cuales presentan serias irregularidades. En Tarija, por ejemplo, se emitió un mandamiento de aprehensión sin seguir los procedimientos legales correspondientes. Asimismo, las autoridades no han respetado ni aplicado una sentencia constitucional en Santa Cruz que favorecía al exmandatario.
Urquieta enfatizó que «las estructuras jurídicas no han cambiado» y que la polarización judicial dificulta cualquier avance, incluso cuando se presentan argumentos sólidos. Según la abogada de Morales, la cooptación política de la justicia es una de las principales barreras que enfrenta el expresidente.
Ver también: Arce instruye una investigación minuciosa sobre ‘presunto atentado’ contra Morales
Divisiones internas en el MAS
Según Urquieta, las diferencias internas en el MAS, que generan estos efectos legales, son de carácter programático, político e ideológico.
El partido está dividido entre un sector oficialista, que utiliza el aparato estatal para consolidar su poder, y otro que se mantiene fiel a los principios y valores fundacionales, afirma.
