La asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación sobre la incertidumbre que rodea la realización de las elecciones generales previstas para agosto.
Consultada en La Razón Radio sobre cómo ve el panorama rumbo a estas elecciones, la legisladora respondió que no existen garantías de que el proceso electoral se lleve a cabo en la fecha establecida, debido a la prórroga inconstitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la falta de seguridad jurídica en el país.
“El año pasado, cuando de manera simultánea se emitieron dos sentencias constitucionales, una que permitió a Mario Aguilera asumir el cargo de gobernador y otra que prorrogó a los magistrados del TCP y otros tribunales de justicia”, nosotros advertimos que esto rompía el orden constitucional del Estado, señaló Aguirre.
El 29 de diciembre de 2023, a través de la sentencia 1021/2023, el TCP ordenó que Mario Aguilera dirija la Gobernación de Santa Cruz mientras Camacho esté detenido. El 29 de enero el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, posesionó a Aguilera como titular de la Gobernación cruceña en «suplencia temporal» de Camacho.
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El 12 de diciembre de 2023, el TCP prorrogó temporalmente el mandato de las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional hasta la elección de nuevos magistrados. Las elecciones judiciales del año pasado se celebraron, por primera vez, de manera parcial. Por esa razón conviven cuatro magistrados electos y cinco prorrogados en el TCP y siete electos y dos prorrogados en el TSJ.
Para la asambleísta, la permanencia de los magistrados prorrogados en el TCP representa una amenaza latente a la democracia y abre la posibilidad de que otros órganos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, sigan el mismo camino. “Si un órgano del Estado ha decidido autoprorrogarse sin invocar motivos válidos, no nos puede sorprender que Luis Arce también lo haga”, advirtió.
Aguirre también criticó el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que considera una instancia que debería velar por la realización de las elecciones y denunciar estas irregularidades.
Finalmente, la asambleísta reiteró que, mientras los magistrados prorrogados sigan en el cargo, los bolivianos carecen de garantías para un proceso electoral transparente y legítimo.
