La Justicia sentenció a José Soto Pacci a tres años de privación de libertad dentro el caso de los 24 días del bloqueo de caminos en Parotani, Cochabamba, por sectores afines al expresidente Evo Morales.
Soto es el segundo sentenciado en este caso, luego que, en diciembre de 2024, Rodrigo Cuéllar recibiera la pena de tres años de presión a cumplir en la cárcel de Patacamaya, La Paz, por los delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra miembros del organismo de seguridad del Estado, y tenencia y porte ilícito de explosivos.
“La Procuraduría informa a la opinión pública que (…) se ha logrado una sentencia condenatoria de tres años de privación contra José Soto Pacci por la comisión de los delitos de atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado y atentado a la seguridad de los medios de transportes”, señala la entidad en un comunicado.
Asimismo, refiere que Soto reconoció su participación en los bloqueos de la localidad de Parotani el 1 de noviembre de la gestión pasada.
El 1 de noviembre más de 60 bloqueadores fueron aprehendidos durante el operativo de desbloqueo en la localidad Parontani ejecutado por policías y militares, con el objetivo de habilitar las vías que conectan con el occidente del país.
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De acuerdo con el Gobierno, los aprehendidos fueron encontrados en posesión de explosivos, cazabobos y otro tipo de armamento que iba a ser utilizado contra los efectivos que desbloqueaban las vías que unen Cochabamba con el occidente del país.
Sectores sociales afines a Morales iniciaron el bloqueo de caminos, principalmente en el departamento de Cochabamba, el 14 de octubre. El corte de carreteras duró 24 días.
El objetivo de las demandas era anular las denuncias penales del líder cocalero, pero además reclamaban por el alza de precios y la falta de combustibles y dólares.
Por esa medida de presión, el presidente Luis Arce denunció pérdidas por más de $us 2.200 millones que pusieron en riesgo la seguridad alimentaria.
La Procuraduría indicó este martes que la institución actuó bajo las facultades que le otorga la Constitución, por lo que “llevó a cabo una intervención responsable en este proceso penal”.
