El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que el reciente Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia evidenció deficiencias en temas como el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y garantizar la libertad de expresión.
Según Callisaya, las observaciones de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han sido recurrentes y apuntan a la falta de avances en estos temas desde el último informe de 2020.
Bolivia presentó el martes 21 su examen EPU sobre derechos humanos. Este proceso, realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, evalúa el cumplimiento de los derechos humanos en los países miembros y, aunque sus recomendaciones no son vinculantes, sirven como advertencia. En la última revisión, se hicieron más de 280 recomendaciones a Bolivia.
Justicia
En entrevista con La Razón Radio, Callisaya explicó que la independencia judicial fue uno de los puntos más cuestionados. “28 países han sido los que han reclamado estos temas de independencia judicial, acceso a la justicia, toda el área judicial, la debilidad que existe en el ámbito judicial.”, indicó.
“Por ejemplo, hay el ITEI (Instituto de Terapia e Investigación), que es una institución u organización vinculada a la tortura, a la prescripción de la tortura, ya ha hecho su propia evaluación y ha dicho que no ha cumplido adecuadamente el Estado”, explicó.
Entre las recomendaciones se sugiere aumentar el presupuesto del sector y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas de conflictos recientes. Además, se recomendó la independencia judicial mediante dos mecanismos:
“Uno, reformar las reglas de selección de los integrantes de las altas magistraturas judiciales y afirmar la casera judicial efectiva como medidas que pueden lograr fortalecer más bien una independencia de la justicia. Otro de los componentes en esta área es también el tema de la corrupción”, explicó.
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Medio ambiente
El medio ambiente también “ha sido reclamado aproximadamente por 15 países” pidiendo medidas concretas para frenar la deforestación y mitigar el cambio climático. Callisaya subrayó que se instó a Bolivia a adoptar regulaciones más estrictas para reducir las quemas ilegales y proteger los bosques nativos.
Un aspecto relevante es la “protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales” donde se recomendó la creación de un “plan de derechos humanos nacional” que garantice su seguridad.
Libertad de expresión
Callisaya aseguró que alrededor de 15 países pidieron al estado boliviano que “garantice la labor de la prensa y la lucha contra la violencia contra los periodistas”.
Se ha pedido que se respeten los derechos de la prensa como un elemento clave para fortalecer la democracia”, señaló el Defensor del Pueblo.
Violencia de género
El informe también identificó la violencia de género como una asignatura pendiente. Se recomendó reforzar la aplicación de la Ley 348 mediante protocolos especializados para proteger a las mujeres para “evitar la violencia de género”.
