La vocal del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa, informó este viernes que los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se abstuvieron de declarar en un proceso iniciado por juicio de responsabilidades.
“Hoy se prestó la declaración a cuatro magistrados respecto a dos denuncias existentes. Las mismas que constan y están presentadas en el comité. Los magistrados se han abstenido a declarar, es su derecho constitucional que ellos tienen”, dijo la diputada.
Los magistrados del TCP Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo, Isidora Jiménez e Yván Espada fueron convocados a declarar en el marco de la denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones, artículos 153, 173 y 163 del Código penal, esto en el marco de la designación de Hurtado como presidente del TCP.
Tupa también indicó que como Comité tienen entre otras funciones, como el de emitir requerimientos, los cuales serán solicitados a las autoridades correspondientes. Además, dijo que la parte denunciante debe presentar toda la documentación pertinente para probar las denuncias que se realizaron.
“Tenemos un plazo establecido, estamos en el plazo y vamos a hacer todas las acciones necesarias para recabar información, documentación y lo que fuera necesario para poder emitir un informe técnico que estará fundamentado para los denunciantes como de los denunciados”, aseveró la vocal de este comité.
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Entre los denunciantes contra los magistrados prorrogados están la exconsul María Oporto, César Navarro y el exviceministro y exdiputado Wilson Santamaría.
En noviembre de 2024, Santamaría indicó que la denuncia que se realizó contra los “autoprorrogados” son por cosas “curiosas” que ocurrieron en el TCP, como la creación de la figura de “Decano” y el nombramiento de Hurtado como presidente de esa máxima instancia.
“Si revisan la Ley del Tribunal Constitucional y las normas que rigen esa instancia, no van a encontrar esa disposición que crea ese cargo, pero, totalmente, agrava (su situación) esa toma ilegal (de la presidencia) del Constitucional”, dijo.
Recordó que los denunciados aprobaron la elección de una directiva, pero la Ley del TCP señala “que es el presidente el que convoca a las sesiones de sala plena y eso no ha ocurrido”.
