Hasta el 31 de diciembre de 2024, la población privada de libertad en las cárceles del país alcanzó a las 32.035 personas, de las que 18.807 (58,71%) son detenidos preventivos, mientras que 13.228 (41,29%) cuentan con sentencia judicial.
La información está contenida en un reporte de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón.
Considerando que las 46 cárceles que existen en el país —26 provinciales y 20 urbanas— cuentan con una capacidad para albergar 15.598 reclusos, existe un hacinamiento del 105%.
Solo hay dos cárceles en las que no existe hacinamiento. El Centro Penitenciario de Miraflores, en La Paz, cuenta con una capacidad de hasta 100 reclusas, pero a diciembre de 2024 había 78 privadas de libertad.
El otro recinto carcelario en el país que no tiene hacinamiento también es femenino y se encuentra en Trinidad, en el departamento de Beni, cuya infraestructura está prevista para 50 mujeres, pero hay 33.
En el detalle por departamento, el documento muestra que Santa Cruz es la región que tiene 11.556 privados de libertad en instalaciones diseñadas para 4.298 reos. Es decir, el hacinamiento en ese caso llega al 169%.
La Paz tiene 6.513 privados de libertad en recintos cuya capacidad es de 4.435, por lo que hay una sobrepoblación del 47%.
En el caso de Cochabamba, hay 4.067 en cárceles diseñadas para 1.446 privados de libertad; o sea, el hacinamiento es de 214%.
Mientras que, en Tarija, la población carcelaria llegó a 2.111, pero su capacidad es de 1.150 (84% de sobrepoblación).
El departamento de Beni tiene 1.506 reos en instalaciones que albergan a 863, es decir que el hacinamiento es de 75%.
El hacinamiento —en mayor o menor proporción, de acuerdo a la capacidad de sus recintos— está presente en todos los departamentos. En Potosí, alcanzó el 32%; en Chuquisaca, 97%, y en Pando, 10%.
Según el cuadro brindado por Penitenciarías, del total de privados de libertad (32.035), 29.673 son varones, es decir, el 92,63% de la población carcelaria; mientras que 2.184, un 6,82%, son mujeres. El 0,56%, 178 personas, están identificadas como parte del colectivo LGBTI.
En varias ocasiones, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, atribuyó el hacinamiento carcelario a la administración de la Justicia, pues, según dijo, hay varios privados de libertad de los que no se conoce su situación judicial.
“No pasa por falta de infraestructura, sino porque los procesos judiciales no terminan”, dijo a La Razón en una anterior entrevista.
Por otra parte, Limpias presentó el 20 de enero los resultados de la gestión 2024.
“Hay una presión de la sociedad, el sinónimo de justicia para ellos es privación de libertad, la víctima quiere cárcel, sino ve que no le hicieron justicia y esto tiene colapsados nuestros centros penitenciarios”, dijo al presentar su informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bolivia en varias ocasiones para entender mejor la realidad de las cárceles del país. En sus informes, señaló que los derechos humanos de los reclusos están siendo vulnerados.
Entre los problemas más preocupantes están la falta de atención médica adecuada, la escasez de agua y alimentos, y la carencia de espacios dignos para recibir a sus seres queridos. Además, las instalaciones presentan serios problemas estructurales que agravan la situación.
La CIDH también resaltó que gran parte de este panorama se debe al uso excesivo de la prisión preventiva, una medida que debería ser una excepción, pero que se ha vuelto la norma.
Ante esto, el titular de Régimen Penitenciario afirmó que es fundamental reflexionar profundamente sobre las observaciones de la CIDH, involucrando no solo al Órgano Judicial, sino también a la sociedad civil para buscar soluciones.
El reporte de Penitenciarías también muestra una lista de 21 delitos por los que los reclusos ingresaron a los centros penitenciarios. El 19,95% se debe a delitos por violación a niño, niña adolescente; 14,84% por delitos relacionados con la Ley 1008, es decir que tiene que ver con drogas y sustancias controladas; el 12,33% por robo y robo agravado; 9,21% por abuso sexual; 12,71% por violación y violación agravada; 6,97% por violencia familiar; 4,98% por asesinato y el resto de delitos, como estupro, trata y tráfico de personas y homicidio, con menor recurrencia.
Asimismo, se observó que hay 33 países de procedencia de los 1.129 privados de libertad extranjeros. De ese universo, 252 son oriundos de Perú; 216 de Colombia; 206 de Brasil; 146 de Venezuela; 130 de Argentina; 58 de Chile; 38 de Paraguay; 21 de Ecuador y 10 de España, el resto de país tiene a menos de una decena de reclusos en las cárceles del país.
Otro dato que llama la atención es la distribución de policías destinados a la seguridad de los recintos carcelarios. En total, hay 1.549 efectivos que cumplen esa tarea. Tomando en cuenta que hay 32.035 reclusos, entre detenidos preventivos y sentenciados, la relación es de un uniformado por cada 20 privados de libertad.
Sin embargo, también existe una desproporción respecto de las cárceles por departamento. Por ejemplo, en La Paz, donde hay 6.513 reclusos, existen 392 policías, mientras que, en Santa Cruz, con 11.556 reos, hay 292 efectivos 100 menos que en el primer caso, pese a ser más privados de libertad. Entretanto, en Cochabamba, con una población carcelaria de 4.607, hay 262 custodios.
Si bien el hacinamiento llegó al 105%, hay acciones que Régimen Penitenciario cumple para liberar los recintos, por ejemplo, las denominadas Jornadas de Descongestionamiento, que busca la resolución de casos que, por ejemplo, están cerca de cumplir su pena o acelerar la libertad en el caso de quienes hayan cumplido su pena.
Pero el problema no es enfrentado con mayor eficiencia.
