La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a Bolivia para la audiencia de seguimiento a las recomendaciones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“La audiencia temática sobre el seguimiento de las recomendaciones del Informe del GIEI-Bolivia en el marco de la Mesa de Seguimiento (Meseg-Bolivia) se llevará a cabo el jueves 6 de marzo, de 2.00 p.m. a 3.30 p.m. (hora de Washington DC) (sic)”, dice un comunicado en la página web oficial de la CIDH.
Esa audiencia tiene el fin de analizar los avances, retos e impactos que ha tenido el proceso de cumplimiento de las recomendaciones, a tres años de haberse aprobado el Plan de Trabajo, entre el Estado y la CIDH, para el funcionamiento de la Meseg-Bolivia.
GIEI
“La audiencia buscará profundizar en el diálogo entre el Estado y sociedad civil, de manera que se pueda avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones”, añade el comunicado.
El último informe respecto del cumplimiento de las recomendaciones Bolivia había cumplido con cuatro de las 36 recomendaciones sobre la violencia en los conflictos poselectorales de 2019. Varias otras tenían un avance parcial.
En ese primer informe se revisaron 15 de las 36 recomendaciones del GIEI; de ellas, tres tienen el cumplimiento pleno y en el caso de la recomendación 16, solo su inciso 2, sobre el mecanismo contra la tortura, tiene cumplimiento pleno.
Otras dos recomendaciones están con cumplimiento parcial sustancial; nueve con cumplimiento parcial y una de pendiente de cumplimiento.
CIDH
“Hay cuatro que se han cumplido cabalmente”, dijo el comisionado en una conferencia de prensa en el edificio de la Cancillería, en La Paz, el 13 de diciembre de 2023.
Entre esos puntos identificó la creación del mecanismo internacional para seguimiento, se ha creado el plan de reparaciones (a las víctimas).
“Hay uno que es muy relevante que es dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía de violación de derechos humanos”, agregó.
Finalmente, relievó la creación de un mecanismo contra la tortura, además de la adecuación de las leyes.
La CIDH y el Estado boliviano suscribieron en diciembre de 2019 un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia; además, las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los conflictos poselectorales.
Recomendaciones
Entonces, las protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral cobraron fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el presidente Evo Morales renuncie a su cargo.
Finalmente, el 10 de noviembre de ese año, cuando Morales se alejó del cargo, los movilizados lograron su cometido.
Dos días después, el 12, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum necesario ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).
De inmediato surgieron las movilizaciones que pedían “respeto a la democracia” y reclamaban por la renuncia de Morales.
2019
En el afán de contener las protestas, Áñez emitió el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078. Esa norma eximía de responsabilidad penal a policías y militares por el posible uso excesivo de la fuerza. La norma fue abrogada el 28 de noviembre.
“Blindados”, los uniformados reprimieron violentamente a los movilizados. Primero, el 15 de noviembre, fuerzas del orden provocaron la muerte de 10 personas, la mayoría a bala, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba. Luego, el 19, la masacre de Senkata, con otros 10 muertos.
