Ante las deportaciones masivas desde Estados Unidos, el presidente Luis Arce demandó este lunes que desde Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) se rechace esta medida asumida por el gobierno de Donald Trump y se exija un “tratamiento respetuoso y justo para los connacionales”.
El mandatario aseveró que cada país tiene derecho a definir su política migratoria, pero sin que “ninguno” pueda ignorar los tratados y acuerdos internacionales que regulan la movilidad de los migrantes.
“Desafortunadamente, en los últimos días, hemos observado con indignación escenas de deportación desde Estados Unidos de hombres y mujeres encadenados y esposados, que revive en la memoria la esclavitud, una de las etapas más vergonzosas de la historia de la humanidad. No podemos admitir estas violaciones de los derechos de los migrantes”, afirmó el mandatario.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) desarrolla en Caracas, Venezuela, una reunión de trabajo extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno. La cita coincide con los 230 años del natalicio del Antonio José de Sucre, el primer presidente de Bolivia.
La política migratoria de Estados Unidos está enfrentando transformaciones, como el incremento de deportaciones. El gobierno norteamericano ordenó al Servicio de Inmigración de Aduanas (ICE) aumentar las deportaciones diarias a entre 1.200 y 1.500 personas.
Las deportaciones masivas se incrementaron desde la vuelta a la presidencia de Trump, quien anunció que habrá operativos para deportar a personas ilegales en todo el país.
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Arce afirmó que desde Bolivia se oponen a las políticas “securitistas” que ignoran el derecho humano a la libre circulación e indicó que el mundo “no puede ser” solo un espacio en el que circule el capital, sino también los seres humanos.
El jefe de Estado recordó que los Estados reconocieron la necesidad de “implementar” estrategias que promuevan una integración segura y ordenada y regular, de acuerdo a los compromisos adoptados en el pacto mundial sobre migración de 2018.
Sin embargo, dijo que más allá de los acuerdos internacionales, el verdadero desafío radica en evitar cualquier intento de criminalización de la migración, por lo que demandó garantizar un trato digno a cada persona en movilidad y proteger sus derechos humanos.
“Como alianza (debíamos) ser los impulsores en el ámbito multilateral para que Naciones Unidas declare la migración como un derecho humano. La migración es un proceso inherente a la historia de la humanidad”.
Señaló que Bolivia ratifica su compromiso con los instrumentos internacionales, como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que orientan la protección de nuestras comunidades en el exterior.
