El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se apelará la determinación judicial que otorgó la sentencia de cinco años y cuatro meses para los exministros del gobierno de Jeanine Añez por el caso Gases Ecuador.
Se trata de Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, y el exjefe de Seguridad del Ministerio de Defensa Héctor Pérez y otros acusados.
Según indicó Torrez, existen pruebas “contundentes” que demuestran su autoría por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico ilícito de armas, por la internación de agentes antidisturbios (gases lacrimógenos y otros) en calidad de préstamo desde la república de Ecuador.
Caso Gases Ecuador
“Durante la etapa investigativa se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde se transportaron policías y militares de Bolivia. Además, de la solicitud de devolución de los agentes químicos de ese país, entre otros que demuestran la autoría de los sindicados que hoy fueron sentenciados. Por ello, los exministros varones deberán cumplir su condena en (el penal de) San Pedro y la exministra, en (el de) Obrajes. Una vez seamos notificados se apelará la determinación porque consideramos que corresponde la pena máxima”, dijo Torrez, citado en una nota institucional.
Por ese caso, la Justicia emitió una resolución absolutoria para los excomandantes del Ejército y de la Policía, Sergio O. C., y Rodolfo A. M. T, y Rubén P. B., Iván P. I. R., Adhemar J. T. M., Y José G. P. S., que fueron investigados por el delito de tráficos de armas en grado de complicidad. También absolvieron a los exministros por ese ilícito.
Sentenciados
Por su parte, el fiscal anticorrupción Hernán Kiffer informó que, de acuerdo a la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando presuntamente se celebró una reunión entre los exministros de Murillo, López y Lizárraga con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar el préstamos de material antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.
Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, a quien se apunta de haber coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.
