Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y Edgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, reafirmaron el rechazo de los sectores productivos y gremiales a la disposición adicional séptima de la Ley 1613. La normativa en cuestión autoriza la confiscación y decomiso de productos. Ambos dirigentes sostienen que no habrá diálogo con el gobierno hasta que se derogue el artículo considerado “confiscatorio” y “lesivo” para la economía nacional.
Frerking, en representación de un comité multisectorial que agrupa a 45 instituciones, denunció que el gobierno intenta dividir a los sectores movilizados. Dijo esto en referencia a la reunión que sostuvieron autoridades nacionales con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
“La CEPB nunca participó en ningún ampliado de toda esta cadena productiva, nunca se acercó a este comité multisectorial a nivel nacional”, afirmó. “¿Cómo una ley se pone en pausa? Creo que aquí nadie entiende cómo una ley se puede poner en pausa”, cuestionó.
El dirigente agropecuario insistió en que la única salida es la derogación de la disposición séptima, que consideró una “jugada más del gobierno”. Añadió: “hemos presentado el proyecto de ley a diputados con un artículo único, que es la derogación de la cláusula séptima”. Además, recordó los casos de confiscación de arroz en Montero, señalando que “eso es lo que no vamos a permitir que ocurra en Bolivia”.
Sectores ven ‘mala intención’ del gobierno
Por su parte, Edgar Álvarez acusó al gobierno de actuar con “mala intención” al reunirse con sectores afines y no con los movilizados. “El gobierno lo ha venido haciendo jugando, reuniéndose, inventando reuniones con terceras personas”, afirmó. El dirigente cruceño aseguró que las movilizaciones continuarán y que se preparan medidas más duras. “Vamos rumbo a otro ampliado multisectorial en una de las ciudades para poder tomar determinaciones aún más duras”, anunció.
La disposición séptima, que forma parte de la Ley del Presupuesto General del Estado, ha generado un profundo malestar en el sector privado. Esto es así particularmente entre productores y gremiales, quienes la consideran una amenaza a la propiedad privada y a la estabilidad económica. Aunque el gobierno insiste en que la norma está dirigida a combatir el contrabando y la especulación, los sectores movilizados argumentan que su aplicación podría derivar en abusos de poder y afectar gravemente la cadena productiva.
Ayer lunes, Santa Cruz fue epicentro de un paro movilizado calificado como “exitoso” por los dirigentes. La protesta incluyó la participación de diversos sectores, entre ellos ganaderos, avicultores y productores de oleaginosas. Los líderes advirtieron que las movilizaciones escalonadas continuarán, comenzando este jueves en Sucre.
