En un reciente encuentro, las víctimas de Senkata y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un balance de los compromisos del Estado boliviano relacionados con los hechos ocurridos en noviembre de 2019. La reunión, que destacó la falta de avances en la implementación de las recomendaciones de la CIDH, subrayó el incumplimiento de promesas clave de reparación y justicia.
Informe
La CIDH, en su informe de 2021, presentó 36 recomendaciones, de las cuales 16 están directamente vinculadas a las víctimas de Senkata y Sacaba. Entre las más relevantes se encuentran la implementación de un plan de atención a las víctimas y la creación de medidas de dignificación y justicia. Sin embargo, el representante de las víctimas de Senkata, Edgar Inca, expresó que, aunque algunas acciones han sido iniciadas, los avances son aún limitados.
En particular, Inca destacó que el Estado aún no ha cumplido con muchas de las medidas relacionadas con el resarcimiento de las víctimas. Las recomendaciones incluyen la modificación de la legislación sobre terrorismo, ya que, según la CIDH, su definición actual facilita la persecución política. Además, se señaló que no se ha dado un proceso judicial adecuado en los tribunales nacionales para abordar los hechos de violencia de 2019.
Compromisos incumplidos
Las denuncias de abuso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante las protestas en noviembre de 2019 siguen sin una resolución clara y justa.
Las víctimas y la sociedad civil continúan buscando justicia en instancias internacionales, ya que el Estado boliviano no ha proporcionado las respuestas necesarias en el marco nacional.
Inca instó al gobierno de Bolivia a cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la reparación integral para las víctimas de Senkata y otros hechos de violencia ocurridos en ese período.
La CIDH ha hecho un llamado urgente al Estado boliviano para cumplir con sus recomendaciones.
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Denuncias contra autoridades locales
El encuentro también evidenció denuncias contra autoridades locales por su presunto incumplimiento de leyes relacionadas con la dignificación y reparación de las víctimas. Entre los señalados se encuentran:
- Eva Copa , alcaldesa de El Alto, por incumplir la Ley Municipal de Dignificación.
- Santos Quispe , gobernador de La Paz, por no cumplir con la Ley Departamental de Dignificación.
- Betty Yañiquez , diputada, por retrasar la aprobación del Proyecto de Ley de Reparación Integral.
