Silvia Salame, senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que el gobierno no tiene la voluntad política para abordar dos proyectos de ley aprobados por la Cámara Alta.
El primer proyecto, aprobado el 8 de enero, reconfigura las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de cesar en sus funciones a los magistrados autoprorrogados. “El objetivo de este proyecto de ley es evitar que las nuevas autoridades se vean contaminadas por los magistrados autoprorrogados”, afirmó la senadora en el programa Piedra, Papel y Tinta.
En ese contexto, Salame informó que presentó otro proyecto de ley para evitar la prórroga indefinida de las autoridades del TCP y TSJ, dado que el plazo para aprobar una ley que complete la renovación de ambos tribunales vence en marzo. De no aprobarse, no se podrían llevar a cabo elecciones judiciales complementarias junto con las generales ni con las subnacionales del próximo año.
La senadora aseguró que el gobierno no tiene “voluntad política” para tratar este tema, ya que los fallos “le salen a la carta, como cuando se va a un restaurante”.
El 5 de febrero, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que derogó 11 artículos y 5 disposiciones del PGE 2025.
Salame precisó que solo las disposiciones adicionales del PGE modificaban seis leyes, algo que, según ella, no se puede hacer a través de un Presupuesto. Detalló que la norma aprobada por el gobierno vulnera más de siete artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), los cuales, a su juicio, deben ser eliminados.
La senadora lamentó que este proyecto tampoco haya sido tomado en cuenta por la Cámara de Diputados para su tratamiento.
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