La Fiscalía General del Estado solicitó ejecutar al Juzgado de Sentencia 2 de Sucre, que conoció el proceso judicial de reparación del daño por el caso Misiles Chinos, la resolución que ordena a los ocho sentenciados realizar el pago de $us 3.005.280 a favor del Estado boliviano.
“Por mandato del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, el Ministerio Público ayer presentó un memorial dirigido ante al juzgado que llevó adelante el proceso de reparación de daño en procura de su ejecución inmediata”, sostuvo Patricia Bohorquez, fiscal superior de la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público inició el proceso judicial de reparación del daño junto con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército ante el Juzgado de Sentencia 2 que, en noviembre de 2023, emitió la Resolución que ordena el pago de $us 3.005.280 por parte de los ocho sentenciados del caso Misiles Chinos.
La determinación fue ratificada, en apelación, por un Tribunal de Alzada que otorgó el plazo de un mes para el cumplimiento de dicha decisión, plazo que ya fe cumplido. Por ello, el Ministerio Público solicitó a la autoridad jurisdiccional imprimir el trámite necesario para efectuar dicho cobro.
Entre los sentenciados están el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; Marcelo Antezana, excomandante general del Ejército; Marco Vázquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; Gonzalo Méndez, exministro de Defensa y el almirante Marco Justiniano Escalante, excomandante en Jefe de las FFAA.
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El 9 de marzo de 2006, la Fiscalía General del Estado emitió requerimiento acusatorio y la Asamblea Legislativa, mediante resolución Nº 027/2011-2012 de enero 16 de enero de 2012, autorizó el juzgamiento.
En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fueron entregados, de manera irregular, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados a ese país para su desactivación.
El argumento que se utilizó para su entrega fue que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas. Los misiles volvieron al país desmantelados en 2006.
El gobierno estadounidense consideraba que los misiles eran un riesgo para su seguridad nacional debido a la posibilidad de que cayeran en manos de grupos insurgentes.
La desactivación y el desarme fueron encomendados a especialistas estadounidenses debido a que el Ejército boliviano no contaba con expertos en la materia.
