El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este viernes que la justicia ratificó la detención preventiva de Humberto Claros, debido a que se solicitó incrementar los riesgos procesales, luego que se encontrara en posesión de un celular en el centro penitenciario.
“En los medios audiovisuales ha estado circulando un mandamiento de libertad de uno de los procesados en el caso Paratoni. En esa acción de libertad, el juez considerando algunos extremos de manera muy incorrecta había otorgado la libertad, ingresando como si fuera un juez ordinario, ingresando en el fondo de la causa”, explicó.
La mañana de este viernes, se conoció que el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N°22 de Santa Cruz emitió un mandamiento de libertad a favor del dirigente campesino evista, quien fue detenido en noviembre de 2024.
Según la resolución judicial, el juez Hebert Zeballos “manda y ordena” al Centro de Custodia y Rehabilitación “Cero Violencia” de la localidad de Patacamaya de La Paz “que ponga en inmediata libertad” a Claros.
Condori señaló que el juez competente de la causa, de La Paz, emitió una resolución “(…) que determina incrementar los riesgos procesales establecidos”.
Detalló que en la audiencia del jueves se demostró que “había la necesidad” de incrementar los riesgos procesales porque se encontró a Claros, en el recinto penitenciario, en poder de un celular.
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“Los privados de libertad no pueden tener ningún privilegio y eso hace ver que estaba en su poder, ante la requisa efectuada por los funcionarios, de un celular. Dicha información ha sido procesada legalmente y emergente de ello, se toma un riesgo procesal”, dijo.
Añadió que los riesgos procesales se han incrementado porque Claros puede influir de manera negativa sobre testigos, partícipes. “Eso involucra de alguna manera una suerte de incrementar los riesgos procesales”.
Claros, junto al dirigente Ramiro Cucho y Ponciano Santos, lideró los 24 días del bloqueo de caminos en Cochabamba, entre octubre y noviembre de la gestión pasada, que dejó incomunicado el occidente y oriente del país.
El Gobierno informó que, durante ese periodo de movilizaciones, el país tuvo una afectación económica que superó los $us 2.200 millones en los sectores productivos.
La senadora evista Simona Quispe denunció que la orden de acción de libertad no se dio cumplimiento porque responde a instrucciones del Gobierno que no permitirá que Claros salga de la cárcel.
“Es persecución política hacia los dirigentes Humberto Clares, (Ramiro) Cucho. Hasta han prohibido que visiten a la cárcel, están como (los) peores delincuentes. Estos hombres que no tienen avance en sus procesos continuarán detenidos”, dijo la legisladora.
