A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional rechazó el informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que señala que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue arbitraria.
“Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizado”, indica parte del comunicado.
El Gobierno justifica su decisión e indica que la misma opinión señala de forma expresa que “cualquier punto de vista y opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH”.
En días pasados se conoció el informe de Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de arbitraria la detención de Camacho y sugirió su “inmediata liberación”.
En el documento se señala que la detención “es arbitraria, puesto que se violó el principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente”.
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El Ministerio de Justicia señaló que el Estado, en respeto a la independencia de poderes, aguarda las resoluciones que emita el Órgano Judicial en los procesos contra Camacho, como el caso Golpe de Estado I que se encuentra en la fase esencial del juicio oral.
“El ahora acusado, ha ejercido y ejerce todos los medios legales, ordinarios y extraordinarios, como acciones de defensa y de inconstitucionalidad, en respeto de sus derechos y garantías procesales”, señala el comunicado.
Asimismo, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de evaluar una solicitud formal de medidas cautelares por supuesta vulneración de derechos del Camacho, bajo los mismos argumentos presentados ante el Grupo de Trabajo, “rechazó otorgarlas y cerró el expediente por falta de evidencia pertinente y suficiente, lo que contradice la opinión incompleta motivo del presente Comunicado Oficial”.
“Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH han confirmado que los hechos acaecidos el último trimestre del 2019 ocasionaron graves vulneraciones de derechos humanos, con un saldo de 37 fallecidos, se catalogaron como masacres e incluyeron en su ámbito de análisis y pronunciamiento, los actos previos a la asunción inconstitucional del mando de la señora Jeanine Añez y que sin duda identificaron como protagonista al señor Camacho y otros líderes de la oposición política”.
La cartera de Estado ratificó su compromiso respecto a los derechos humanos y la independencia del sistema judicial y garantizó que los procesos contra Camacho están apegados a la norma vigente, y sin injerencias externas que atenten contra la soberanía del país.
