El expresidente Carlos Mesa consideró que la anulación del juicio ordinario contra la exmandataria Jeanine Áñez en el caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) es una “señal” para restituir sus derechos.
“La decisión judicial que anula el proceso ordinario contra de la expresidenta Jeanine Añez y ordena que se lo derive a un juicio de responsabilidades es una señal para restituir los derechos de la expresidenta constitucional y un avance hacia la recuperación de la legalidad en este caso”, escribió el exjefe de Estado en sus redes sociales.
Así, el además jefe de la agrupación de oposición Comunidad Ciudadana (CC) celebró la decisión que asumió el Tribunal Sexto de Sentencia en una audiencia celebrada el viernes.
Jeanine Áñez
Dicho tribunal anuló el proceso en la vía ordinaria y dispuso que el caso se ventile en un juicio de responsabilidades. Sin embargo, autoridades del Gobierno como el ministro de Justicia, César Siles, anunciaron que pedirán que la Justicia revoque su determinación; éste consideró que “lo correcto”, en el caso de Áñez, es un juicio en la vía ordinaria.
“Las declaraciones de autoridades políticas que han amenazado con obligar la anulación de esa determinación judicial muestran que el MAS (Movimiento Al Socialismo) no está dispuesto a que vuelva a imperar la ley y la justicia en Bolivia”, reclamó Mesa.
“La liberación de los presos políticos y la restitución del Estado de derecho son objetivos que solo podremos alcanzar con unidad, fortaleza y coherencia”, dijo.
En el caso EBA, la denuncia radicaba en que la exmandataria hizo un nombramiento supuestamente irregular. Nombró como gerente de esa empresa a una persona cuyos méritos no cumplían con los requisitos que el cargo exigía.
Caso EBA
El jueves, Áñez vaticinó una sentencia en contra. “Mañana me condenarán otra vez en juicio express por orden del MAS (sic)”, escribió en sus redes sociales.
Actualmente, Áñez cumple una condena de 10 años por el caso Golpe de Estado II. Fue fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, relativos a su autoproclamación presidencial en 2019. La pena que debe cumplir es de 10 años.
Al respecto, Mesa escribió: “La liberación de los presos políticos y la restitución del Estado de derecho son objetivos que solo podremos alcanzar con unidad, fortaleza y coherencia”.
Mesa y otros políticos de oposición acusaron al Gobierno de implementar una “persecución” contra los actores políticos de oposición; y de mantener “presos políticos” sin fundamento.
