La Defensoría del Pueblo condenó las manifestaciones racistas de Arnoldo Méndez, vocero del candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga en Beni, quien en un acto político de la alianza utilizó términos racistas para referirse hacia las personas del occidente del país que migran y se establecen en el departamento del Beni.
“Estas manifestaciones constituyen claros discursos de odio, no admitidos bajo ningún concepto a título de libertad de expresión, menos cuando vienen de servidores públicos electos y candidatos que disputarán las próximas elecciones, al ser por sí mismos una flagrante violación de derechos humanos y un acto deplorable que no debe tolerarse en ninguna institución pública ni mucho menos en una instancia legislativa que está en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, señala parte del pronunciamiento de la Defensoría.
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Méndez, también concejal de Trinidad, generó una polémica en un acto de campaña electoral al referirse en tono despectivo a la gente del occidente del país y llamarla “colla de mierda”.
“(…) Vamos a dar la vida para que, si Tuto es candidato y presidente electo, las 53 instituciones que se manejan en el departamento sean para el pueblo, para que no venga ningún colla de mierda a adueñarse y a faltarnos el respeto”, declaró Méndez en tono exaltado.
La institución recordó que las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la “inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia”, donde el discurso público se está convirtiendo en un arma que utilizan ciertos políticos para buscar apoyo y simpatía. “Esos discursos de odio constituyen una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz”.
Asimismo, indicó que la Constitución “prohíbe y sanciona” toda forma de discriminación y que la Ley del Régimen Electoral prohíbe explícitamente cualquier acto de propaganda electoral que promueva de manera directa o indirecta la violencia, la discriminación y la intolerancia de cualquier tipo.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a los políticos y servidores públicos a que moderen sus discursos, porque sus palabras tienen un impacto significativo en la sociedad y generan riesgos para ciertos grupos o individuos, como lo advierten los estándares interamericanos de Derechos Humanos”
