La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero advirtió que los hechos violentos que vive el país benefician a Evo Morales y Luis Arce. Señaló que el mandatario utiliza los bloqueos para justificar la escasez de combustible y alimentos, mientras que Morales los presenta como reacción legítima al alza de precios para justificar la búsqueda de su candidatura.
“Es muy claro lo que está ocurriendo: Evo incendia, Arce observa y Bolivia arde. Ese es el verdadero pacto de impunidad que está generando tanto dolor a las familias bolivianas”, denunció Campero en entrevista con La Razón Radio.
Las protestas se intensificaron el miércoles, cuando vecinos de Llallagua intentaron desbloquear la carretera a Oruro y Potosí. Debido a los enfrentamientos cuatro policías murieron en enfrentamientos, un bus policial fue quemado y se reportó el saqueo de viviendas y comercios. La situación escaló aún más, con amenazas de ingreso de grupos evistas al municipio.
Campero cuestionó la respuesta del Gobierno, al que acusa de haber enviado a jóvenes policías “con cortaplumas” a una zona controlada por grupos armados. “A esos muchachos los mandaron a morir. No se puede mandar a policías sin equipamiento cuando se sabe que los bloqueadores tienen dinamita, rifles, piedras y armas de fuego”, afirmó.
La legisladora aseguró que los hechos configuran terrorismo, no solo por los ataques directos a las fuerzas del orden, sino también por el bloqueo de ambulancias, la quema de vehículos y el uso de explosivos.
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Denuncias penales
Campero también criticó la inacción del Ministerio Público frente a las órdenes de aprehensión vigentes contra Evo Morales. En su opinión, existe encubrimiento por parte del Gobierno. “Si la Policía no puede capturarlo, que actúen las Fuerzas Armadas. Y si no tienen la fuerza conjunta para detener a un delincuente, se debe pedir cooperación internacional”, argumentó.
En ese sentido, anunció que presentó esta semana dos denuncias penales. La primera, contra Evo Morales, por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. La segunda contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y del actual titular, Roberto Ríos, por incumplimiento de deberes.
El conflicto se centra en la exclusión del expresidente Evo Morales de las elecciones generales del 17 de agosto, tras un fallo del Tribunal Constitucional que limita a dos los mandatos presidenciales. Sus seguidores exigen su habilitación y también la renuncia del presidente Luis Arce, a quien acusan por la crisis económica.
La tensión se mantiene en regiones como Potosí y Cochabamba, donde aún hay al menos 19 puntos de bloqueo. Mientras Morales permanece atrincherado en el trópico cochabambino, el Gobierno sostiene su decisión de mantener el proceso electoral y acusa al evismo de desestabilización.
