Un juez dictó detención preventiva por cuatro meses para Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. La decisión fue conocida la noche del miércoles, luego de cinco horas de audiencia cautelar.
La decisión fue ordenada en el marco del denominado caso Consorcio, en el que la exautoridad es investigada por su presunta participación en el direccionamiento de un fallo judicial.
De acuerdo con las investigaciones, Castro instruyó la suspensión de la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira a través de un fallo impulsado por el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza. La acción tenía el objetivo de habilitar al magistrado suplente Iván Campero, según la denuncia.
Claudia Castro
La causa surgió luego de la divulgación de un audio atribuido al exministro de Justicia César Siles en el que supuestamente se lo escucha coordinar el fallo con el juez Lea Plaza. Las grabaciones, viralizadas en redes sociales, derivaron en la intervención de la Unidad de Transparencia del TSJ y en la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.
Antes de la audiencia, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Castro por los presuntos delitos de consorcio y tráfico de influencias. El martes, la exvocal presentó su renuncia «irrevocable» al cargo que ocupaba en el TDJ paceño.
El caso Consorcio ha provocado una serie de renuncias y aprehensiones en el sistema judicial boliviano. Además de Castro, el juez Lea Plaza y el magistrado suplente Campero fueron detenidos preventivamente. Mientras que Siles renunció a su cargo de ministro de Justicia tras ser vinculado en el escándalo. El miércoles, el abogado José Ramiro Uriarte también fue capturado.
Consorcio
Las investigaciones continúan bajo reserva y la Fiscalía anticipó que se ampliará la indagación a otras autoridades mencionadas en los audios. Entre ellos, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
El miércoles, la comisión de fiscales dictó también la orden de aprehensión contra Siles.
El caso ha desatado fuertes cuestionamientos sobre la independencia del Órgano Judicial y su vulnerabilidad frente a injerencias políticas.
