El fiscal Omar Mejillones informó que Arturo Murillo, exministro de la gestión de Jeanine Áñez, tiene ocho procesos abiertos ante la justicia boliviana. Se prevé su liberación en Estados Unidos el sábado 21.
“En la ciudad de La Paz tiene ocho procesos aperturados, la mayoría casi generalmente son por delitos de corrupción y cada uno de ellos está en diferentes etapas procesales”, señaló Mejillones a Erbol.
Si bien el Gobierno boliviano había iniciado una solicitud de extradición, el entonces ministro de Justicia, César Siles, indicó que el camino de la deportación resulta más eficiente para lograr el retorno de Murillo al país y que enfrente a la justicia boliviana.
La base de datos del sistema carcelario de Estados Unidos consigna la fecha de salida de prisión de Murillo el sábado 21 de junio, un mes antes de lo que se presumía inicialmente debido al cálculo de sus años sentencia y la posibilidad de un beneficio por un eventual comportamiento.
Murillo fue detenido en mayo de 2021 junto a otros de sus cómplices cuando ingresó dinero a ese país sin reportarlo ante las autoridades.
El fiscal Mejillones indicó además que de los ocho procesos, dos ya cuentan con sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio oral, otros dos se encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria.
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Murillo fue sentenciado dentro el caso gases Ecuador y gases Lacrimógenos. Por el primero recibió una sentencia de cinco años y por el otro tiene una condena de ocho años.
También la exautoridad enfrenta cargos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, robo agravado.
Además, se conoce que Murillo está enjuiciado dentro el caso Masacres de Senkata y Sacaba, que investiga su presunta responsabilidad en ambas represiones.
En octubre de 2022, el exministro se había declarado culpable de las acusaciones en Estados Unidos y a raíz de ese proceso, el Estado de Bolivia inició otra causa, civil, contra Murillo, con el fin de recuperar los fondos desviados.
El 9 de abril de 2024, el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida, emitió la sentencia. Dispuso que el exministro de Gobierno debiera indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.
