El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, denunció que ni la Cancillería ni la Procuraduría respondieron a los pedidos formales de información sobre la extradición de Arturo Murillo.
“Nosotros hemos mandado desde hace tiempo atrás notas a la Cancillería para que nos informen cuál es el trámite que están haciendo, ya sea para deportación o para extradición. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta”, denunció en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Inca recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia exige al Estado mantener informadas a las víctimas e impulsar la búsqueda de justicia.
Murillo, exministro de Gobierno durante el mandato de Jeanine Áñez (2019-2020), fue condenado en EE.UU. por lavado de dinero vinculado a la compra irregular de gases lacrimógenos. Obtuvo la libertad de una cárcel federal en Estados Unidos el viernes y trasladado a un centro de migrantes en Florida, beneficiado por reducción de pena. Sin embargo, en Bolivia enfrenta ocho procesos judiciales, dos con sentencia.
Riesgo de asilo
Según explicó Inca, existe una preocupación entre los afectados por que el caso Murillo termine “cajoneado” o sea manipulado políticamente. En criterio del representante, el silencio del Estado puede ser interpretado como un aval para que Murillo solicite asilo y alegue la falta de garantías en Bolivia. Recordó que el informe del GIEI identificó ejecuciones sumarias durante los operativos de represión en 2019. Esto podría ser utilizado por el Estado para impedir un eventual refugio de Murillo en el país norteamericano.
“Él puede decir que en Bolivia no tiene la seguridad jurídica (…). Entonces ahí es donde puede argumentar eso para pedir asilo. Pero la normativa internacional también dice no se da asilo a quien ha violado derechos humanos”, explicó.
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Reuniones con la CIDH
Según Inca, hace dos semanas hubo reuniones con técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en La Paz. En estas reuniones se evaluó tres temas: el estado del proceso judicial, el cumplimiento del informe del GIEI, y la ley de reparación integral.
Explicó que el proyecto se estancó desde hace meses en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados que preside la diputada Betty Yañiquez. Pese a que se redactó con participación de las víctimas durante dos años.
Inca advirtió que si el actual gobierno no firma el acuerdo pendiente con la CIDH para ampliar la misión de seguimiento, la causa podría quedar a merced del nuevo gobierno que asuma en noviembre. “Si no hace eso el gobierno, entonces ahí sí quedaríamos en indefensión y solamente sería un reclamo constante que las víctimas pueden hacer. Va a depender mucho de la buena voluntad, que en este caso del Canciller que sea (del nuevo gobierno)”, indicó.
Murillo figura entre los 18 exfuncionarios acusados por la represión militar y policial del 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto. Al menos 10 personas murieron por impacto de bala y más de 30 resultaron heridas. La Fiscalía los acusó por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. La causa incluye más de 450 pruebas documentales, 25 peritajes y 11 informes técnicos.
