Tras la denuncia de la diputada Luciana Campero de hechos irregulares en la habilitación de las candidaturas de Juan del Granado y Roberto Moscoso sobre su solvencia fiscal, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó que este miércoles aclararán la denuncia de intento de favorecimiento a candidatos.
“Vamos a pedir (la información) y verificar. Es importante que se entienda que una primera etapa de verificación está a cargo de Secretaría de Cámara y (este) simplemente revisa si cumple o no cumple. Hace un checklist de la documentación presentada”, dijo Vargas a El Deber Radio.
A ello, aclaró que la segunda etapa viene a cargo de la sala plena del TSE que hace la revisión cuando existe los recursos respectivos jurisdiccionales. “Este tema tiene que ser aclarado en el transcurso del día y vamos a mostrar de cara abierta la documentación que ha sido presentada por estos ciudadanos”.
Campero denunció que la Contraloría General del Estado emitió un informe sobre los candidatos Del Granado y Moscoso, en el que señala que ambos tienen sentencias ejecutoriadas administrativas.
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“Si van a aplicar la norma con Jaime Dunn apliquen con todos. Y si no van a aplicar la norma, por qué ya han habilitado a dos con sentencia (ejecutoriada) y que además no han pagados sus deudas con la institución a la cual adeudan. Deberían inhabilitarlos, sino lo van a habilitar a Dunn”, insistió.
La sala plena del TSE debe pronunciarse este miércoles también sobre el caso de Jaime Dunn, que busca habilitarse como candidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP).
Dunn aseguró haber presentado toda la documentación necesaria para validar su postulación para las elecciones generales del 17 de agosto. No obstante, su habilitación quedó en suspenso debido a observaciones planteadas por la Alcaldía de El Alto, donde, según reportes oficiales, mantiene deudas pendientes y procesos administrativos activos.
El TSE solicitó informes aclaratorios a la Contraloría General del Estado y a la propia Alcaldía de El Alto.
El fin es verificar la existencia de deudas firmes o pliegos de cargo ejecutoriados, que eso puede constituir una causal de inhabilitación conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral.
