El informe Delphi de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), de julio, muestra que las elecciones generales del 17 de agosto están “algo garantizadas” y que la ciudadanía “con un poco” en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Un “grupo selecto y plural” de 122 actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos fue el universo del estudio online entre el 28 de junio y el 8 de julio de 2025.
Ante la consulta de que, en el actual contexto, cree que las elecciones están garantizadas, el 67,2% de los encuestados respondió que están “algo garantizadas”; el 16,0%, “poco garantizadas”, y el 11,8%, “muy garantizadas”.
Desde su convocatoria, el 3 de abril, las elecciones se encuentran en vilo permanente, caracterizadas por su judicialización, candidaturas improvisadas y amenazas de movilizaciones, especialmente por la inhabilitación del expresidente Evo Morales, que ponen en jaque el Tribunal Electoral.
Al respecto, ¿cuánto confía o no confía en el TSE? Las respuestas principales fueron: confía un poco, 49,6%; desconfía un poco 15,1%, y confía mucho 10,9%.
Al contrario, la consulta también se encargó de escudriñar las razones de la “poca” y “mucha” desconfianza en el Órgano Electoral. Las respuestas fueron: su subordinación al TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional), 69,7%; su favoritismo con el Gobierno, 42,4%; y su debilidad y falta de cohesión interna, 27,3%.
Si bien algunos actores políticos, como Morales, expresaron reparos ante el TSE, este órgano se vio arropado por cuatro cumbres multipartidarias desde incluso antes de las elecciones judiciales.
Las elecciones presidenciales de este año serán limpias o habrá fraude, fue la pregunta. El 59,0% respondió “es probable que sean limpias”; el 17,1% dijo que “seguro que serán limpias” y el 17,1%, “es probable que haya fraude”.
¿Cuán legítimos serán los resultados de las elecciones en la percepción de la población y de los actores políticos? El 58,1% dijo que serán “algo legítimos”; el 19,7%, “poco legítimos”, y el el 18,0%, “muy legítimos”.
Para el 47,9%, las acciones judiciales en contra del proceso siguen siendo la preocupación y para el 36,8%, el desconocimiento e impugnación de resultados.
