El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, condenó este lunes las declaraciones de Ruth Nina, dirigente del extinto Partido de Acción Boliviano (Pan-Bol), quien afirmó durante un ampliado que el próximo 17 de agosto el Tribunal Electoral y el Gobierno “no van a contar votos, van a contar muertos”.
“La señora, en vez de contar muertos, que vaya y le cuente sus problemas a Dios; que se confiese, que pida perdón, es lo que puedo decir”, respondió el magistrado a una consulta de los periodistas en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Romer Saucedo
Saucedo afirmó que este tipo de discursos violentos no tiene cabida en una sociedad democrática y civilizada. Anunció que el sistema judicial actuará con firmeza. “El Ministerio Público y la Policía Boliviana deberán tomar acciones legales. Si estas personas son puestas ante un juez cautelar, los jueces del Órgano Judicial aplicarán todo el peso de la ley contra cualquier persona que genere violencia o pretenda generar zozobra en la población”, advirtió.
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En ese marco, Saucedo subrayó que Bolivia atraviesa un momento donde debe primar el respeto a la vida y la democracia. “Estamos en tiempos de democracia, en una sociedad civilizada, donde lo que debe prevalecer es la vida. No podemos permitir que otras personas estén incitando a la muerte, eso está mal”, enfatizó.
Ruth Nina
Las declaraciones de Nina, emitidas el sábado durante un ampliado del bloque Evo Pueblo en Lauca Ñ, Cochabamba, provocaron un amplio rechazo. ““Y ese día, el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos. Eso es lo que va a pasar si atentan contra las comunidades indígenas y nos obligan a votar por aquellos”, dijo,
Ante eso, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila denunció públicamente que estas declaraciones incurren en delito de instigación pública a delinquir y pidió al Ministerio Público actuar de oficio. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su titular Pedro Callisaya, también expresó su preocupación y llamó a no naturalizar discursos que alientan la violencia.
Incluso, la diputada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar presentó una denuncia contra Nina. Lo hizo por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas. Además, exigió que se emita la orden de aprehensión correspondiente.
