Tras su audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó este sábado la detención domiciliaria para el exministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer. La medida incluye salidas laborales, arraigo, el pago de una fianza de Bs 15.000 y la obligación de presentarse cada 15 días ante la Fiscalía.
“Hoy hemos tenido conocimiento que se han llevado dos audiencias: una de acción de libertad y la otra de medidas cautelares. En la última, la justicia ha determinado la detención domiciliaria con salidas laborales, así también el arraigo correspondiente”, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
La autoridad indicó que la Policía Boliviana espera la notificación oficial para dar cumplimiento al requerimiento emitido por la autoridad competente.
Respecto a la acción de libertad, dijo que la justicia estableció que hubo vulneraciones al debido proceso al momento de ejecutar la orden de aprehensión contra Lisperguer.
“Ya mayores detalles van a ser comunicados posteriormente en lo que respecta a las funciones policiales”, dijo.
Lisperguer fue aprehendido el miércoles en la ciudad de Cochabamba y posteriormente trasladado a dependencias del Ministerio Público en La Paz.
En su audiencia informativa, el exministro decidió acogerse a su derecho al silencio. Se trata de una estrategia legal que, según la Fiscalía, no impide el avance del proceso debido a la existencia de nuevos elementos de prueba.
El fiscal Miguel Cardozo detalló que las pesquisas señalan un presunto daño económico superior al millón de bolivianos, derivado de actos administrativos y decisiones asumidas en la gestión de Lisperguer que, según la acusación, habrían contravenido la normativa vigente. Estos hallazgos, añadió, se vinculan directamente a la ampliación de los delitos imputados.
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La exautoridad es investigada por un supuesto enriquecimiento ilícito, además de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.
En cuanto al presunto daño económico, Cardozo detalló que las pesquisas han permitido establecer que el patrimonio comprometido en el caso superaría el millón de bolivianos.
Aunque evitó dar detalles específicos sobre el destino de esos recursos, precisó que forman parte de los actos administrativos y decisiones tomadas durante la gestión del exministro que, según la acusación, fueron contrarias a las normas vigentes.
