La Fiscalía Departamental de La Paz desestimó la denuncia por presunto incumplimiento de deberes presentada contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el actual titular de esa cartera de Estados, Roberto Ríos, por no ejecutar el mandamiento de aprehensión emitido contra Evo Morales, en el marco del proceso por trata de personas con agravante.
El abogado Ricardo Rodríguez, representante legal de la diputada Luciana Campero, quien presentó la denuncia, informó que ya se interpuso una impugnación a la resolución de desestimación, y se espera que el Ministerio Público defina si la denuncia seguirá su curso.
“Estas autoridades han conocido los dos mandamientos de aprehensión que se dispuso dentro del caso que se investiga a Juan Evo Morales por el delito de estupro. Se comprometieron a ejecutar estos mandamientos, pero no lo han hecho”, declaró Rodríguez a radio Fides.
El jurista añadió que, hasta la fecha, los plazos procesales se han cumplido y los mandamientos de aprehensión siguen sin ejecutarse.
“El Ministerio Público desestimó la denuncia, pero se ha objetado esta resolución, (ahora) el fiscal departamental Luis Torrez debe pronunciarse para confirmar o revocar la decisión. Si se revoca, la investigación contra los ministros deberá continuar”, explicó.
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Según Rodríguez, el Ministerio Público argumentó que no se cumplieron los requisitos en cuanto al tipo penal y que no existe suficiente prueba por parte de la parte denunciante.
En junio, la diputada Campero formalizó la denuncia contra Del Castillo y Ríos por no haber ejecutado el mandamiento de aprehensión emitido contra Morales.
Esta orden se enmarca en un proceso judicial abierto en Tarija, por la presunta relación del exmandatario con una menor de edad mientras ejercía la presidencia del Estado.
Como resultado del proceso, Morales fue declarado en rebeldía y la justicia ordenó su aprehensión, medida que aún no ha sido ejecutada.
Desde octubre de 2024, El líder cocalero permanece en la región de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por sus seguidores mediante anillos de seguridad armados con artefactos caseros, ante una posible intervención policial.
