Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera un instructivo para verificar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, la expresidenta transitoria manifestó este viernes que la decisión no representa un triunfo, sino una reparación y un derecho que, aunque llegó tarde, recibe con júbilo.
“Después de 4 años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos”, escribió Áñez desde sus redes sociales.
El instructivo del TSJ a los Tribunales Departamentales de Justicia da un plazo de 24 horas, desde la notificación, para remitir la información sobre los procesos contra los líderes opositores.
Precisó, además, que la disposición “bajo ninguna circunstancia pude entenderse como intromisión interna a las facultades privativas que tiene cada administrador de justicia, sino por el contrario, debe ser el reflejo y la máxima expresión de la independencia judicial que se manifiesta en las resoluciones sin injerencias ni presiones”.
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Añez agregó que, liberada de la injerencia del MAS y del Órgano Ejecutivo, la Justicia debe restituir todos los derechos y las garantías que les fueron vulnerados.
“La Fiscalía debe proceder del mismo modo, ya que fuimos perseguidos, encarcelados y procesados fuera del mandato expreso de la Constitución por las instrucciones masistas de acabar con los defensores de la democracia”, indicó.
Áñez, detenida el 13 de marzo de 2021, es acusada en el caso Golpe de Estado I, referida a los hechos precedentes a la caída del entonces presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. En este proceso también están vinculados Camacho y Pumari, ambos protagonistas de esa crisis política.
Tanto Camacho como Pumari fueron encarcelados preventivamente por el caso “Golpe I”, aunque su juicio está paralizado mientras el Tribunal Constitucional define si el delito de terrorismo se adecúa o no la Constitución.
