El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó este viernes que, a junio de 2025, el 58,2% de 33.275 personas privadas de libertad en Bolivia también aguardan que la justicia revise sus procesos, en el marco del debate sobre la situación jurídica de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
“A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, escribió Callisaya en sus redes sociales.
El defensor recordó que garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas.
Sus declaraciones surgen luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera a los Tribunales Departamentales de Justicia verificar el cumplimiento de los plazos de detención solo en los procesos que afectan a Añez, Camacho y Pumari.
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La disposición del TSJ aclara que “bajo ninguna circunstancia pude entenderse como intromisión interna a las facultades privativas que tiene cada administrador de justicia, sino por el contrario, debe ser el reflejo y la máxima expresión de la independencia judicial que se manifiesta en las resoluciones sin injerencias ni presiones”.
La justicia programó una audiencia para el lunes 25 a horas 14.00, con el fin de analizar la situación legal de los exlíderes cívicos, quienes permanecen con detención preventiva en el marco del caso Golpe de Estado I.
Tanto Camacho como Pumari fueron encarcelados preventivamente por el caso Golpe I, aunque su juicio permanece paralizado mientras el Tribunal Constitucional define si el delito de terrorismo se adecúa a la Constitución.
