Tras el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar los plazos procesales de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé consideró este viernes que la reposición de garantías del debido proceso no se limite a estos casos, sino que se aplique de manera universal a toda la población privada de libertad.
“El TSJ, la judicatura y el TCP hicieron de la detención preventiva una regla y no la excepción como dispone la norma. La reposición de las garantías del debido proceso es oportuna, pero debe ser universal, dispuesta por autoridad competente y sin privilegios particulares”, escribió el exmandatario.
Rodríguez Veltzé recordó que el examen de la situación de los detenidos preventivos en Bolivia comprende a más de 20.000 internos.
En esa misma línea, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, propuso que la revisión de los plazos procesales de Áñez, Camacho y Pumari se extienda también a otros privados de libertad.
“Saludamos la instrucción desde la máxima autoridad de esta instancia respecto a la revisión de las detenciones preventivas y el uso de este medio en estos casos particulares. (…) Sería que esta medida no solo se aplique a estas personas, sino que alcance a toda la población privada de libertad”, afirmó.
El ministro recordó que todos los bolivianos gozan de los mismos derechos y señaló que gran parte de la población penitenciaria, entre el 65% a 70%, está con detención preventiva.
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El TSJ instruyó este viernes, a través del Instructivo 18/2025, a todos los Tribunales Departamentales de Justicia a verificar de manera inmediata el cumplimiento de los plazos de la detención en todos los procesos que afectan a Añez, Camacho y Pumari.
La disposición del TSJ aclara que “bajo ninguna circunstancia pude entenderse como intromisión interna a las facultades privativas que tiene cada administrador de justicia, sino por el contrario, debe ser el reflejo y la máxima expresión de la independencia judicial que se manifiesta en las resoluciones sin injerencias ni presiones”.
La justicia programó una audiencia para el lunes 25 a horas 14.00, con el fin de analizar la situación legal de los exlíderes cívicos, quienes permanecen con detención preventiva en el marco del caso Golpe de Estado I.
Tanto Camacho como Pumari fueron encarcelados preventivamente por el caso Golpe I, aunque su juicio permanece paralizado mientras el Tribunal Constitucional define si el delito de terrorismo se adecúa a la Constitución.
