El activista de derechos humanos y representante de las víctimas de la masacre de Senkata David Inca aclaró que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la revisión de las detenciones preventivas de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari no favorece a la expresidenta debido a que ella ya cuenta con una sentencia ejecutoriada.
“El Tribunal Supremo ha determinado la revisión sobre el tiempo de detención, si es que están enmarcados en lo que la ley dice o se han excedido (del tiempo de la detención preventiva). Si revisan y dicen que ha habido un exceso, entonces van a determinar su liberación, se van a defender en libertad. Pero no así en el caso de la señora Áñez, porque ella ya tiene una sentencia por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución de 10 años”, explicó Inca.
Jeanine Áñez
Dicha sentencia fue dictada el 10 de junio de 2022, luego de que un tribunal declaró culpable a la exautoridad.
Este caso se centró en la asunción de Áñez como presidenta en noviembre de 2019, sin seguir —según la acusación— los procedimientos constitucionales de sucesión.
Así se refirió al instructivo 18/2025 del TSJ, que ordenó a los tribunales departamentales de Justicia (TDJ) verificar de manera inmediata el cumplimiento de los plazos de la detención en todos los procesos que afectan a Áñez, Camacho y Pumari, protagonistas en 2029 del derrocamiento del entonces presidente Evo Morales.
Puede leer: Ríos saluda revisión de casos de Áñez, Camacho y Pumari y propone extenderla a otros presos
La disposición del TSJ aclara que “bajo ninguna circunstancia puede entenderse como intromisión interna a las facultades privativas que tiene cada administrador de justicia, sino, por el contrario, debe ser el reflejo y la máxima expresión de la independencia judicial que se manifiesta en las resoluciones sin injerencias ni presiones”.
Detención preventiva
¿Por qué Camacho y Pumari están privados de libertad? Ambos excívicos lideraron las protestas poselectorales de 2019. Varios sectores se movilizaron por un supuesto “fraude monumental” en las elecciones del 20 de octubre de ese año.
La movilización se extendió a otras regiones. Cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el entonces presidente Evo Morales deje el cargo. La protesta coronó su pedido el 10 de noviembre, cuando el exmandatario renunció a la Presidencia.
Dos días después, la entonces senadora Áñez asumió, primero, la titularidad de la Cámara de Senadores. Luego, la Presidencia del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum reglamentario y sin la participación de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entonces, ese partido ostentaba la mayoría parlamentaria.
Senadora de minorías, Áñez no se encontraba en la línea de sucesión y el hecho fue considerado un “golpe de Estado”.
