El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, se trasladó al penal de San Pedro, en La Paz, para tratar de calmar el motín de los privados de libertad, quienes reclaman que también se revise su situación, tras varios años detenidos sin que se establezca su condena.
Limpias comprendió el reclamo de los manifestantes, pues informó que hay aproximadamente 4.500 detenidos por más de tres años, lo cual es contrario a las leyes vigentes.
“Tenemos cerca 11.000 privados de libertad que han pasado el año en detención preventiva. Tenemos cerca de 7.000 que están más de dos años en detención preventiva y hay cerca de 4.500 privados de libertad que han sobrepasado los plazos procesales, eso quiere decir que han pasado tes años en detención preventiva”, indicó en conferencia de prensa.
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Detenidos
De acuerdo con el funcionario, la molestia es generalizada en todos los penales del país, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera revisar los plazos procesales en las detenciones de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Sin embargo, el resto de los detenidos demandan un trato igualitario y denuncian favoritismo hacia los tres actores.
Limpias explicó que incluso hay casos de personas que están nueve años sin que se pueda comprobar si son culpables e inocentes, tres veces el plazo que establece la ley.
“Pasados esos tres años, la Justicia debería declararlo culpable o inocente, esos son los plazos que tienen. Lastimosamente, tenemos privados de libertad que están más de tres años, no les han podido comprobar si son culpables o inocentes”, señaló.
Además, el director del Régimen Penitenciario informó que, aparte de motines, se observan otras medidas de presión, como huelgas de hambre.
“Las familias se están organizando, ésa es la información que tenemos, porque son las familias las que peregrinan en el ámbito judicial, por eso también la indignación”, afirmó.
Limpias reiteró que Régimen Penitenciario está comprometido en ampliar el espacio en algunos penales, donde “el hacinamiento ya es insostenible”, como es en el caso de Palmasola, en Santa Cruz.
Para ello, se tiene prevista la inversión de Bs 17 millones para poder ampliar el penal en beneficio de los privados de libertad.
