El Decreto Supremo 4078, aprobado el 14 de noviembre de 2019 por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, contradice las declaraciones de la exmandataria, el lunes, sobre su responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
Entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, a las que el informe del Grupo Interdisciplinario d Expertos Independientes (GIEI) atirbuyó la violencia contra los manifestantes especialmente en Cochabamba, El Alto y La Paz.
Decreto 4078
El decreto se convirtió en uno de los más polémicos de la administración de Áñez. El documento autorizó la participación de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Boliviana, en el control del orden interno en medio de la crisis poselectoral, tras la renuncia de Evo Morales.
Su punto más cuestionado fue el artículo 3, que señalaba: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden quedará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o en estado de necesidad”.
Para organismos internacionales, instituciones de derechos humanos y sectores sociales, esta redacción fue interpretada como un aval al uso excesivo de la fuerza.
Proceso
Otro pasaje controvertido establecía: “Las Fuerzas Armadas deberán coordinar sus operaciones con la Policía Boliviana para garantizar el orden y la estabilidad, asegurando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.
El decreto fue promulgado el 14 de noviembre, un día antes de la masacre de Sacaba, como llamó el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al amparo de la norma actuaron las fuerzas militares y policiales, como en Senkata (El Alto, el 19 de noviembre.
En ambas intervenciones murieron a bala 20 personas, algunas de las cuales bajo ejecución sumaria, como evidenció el informe del GIEI.
Masacres
Las críticas internas y externas obligaron al gobierno transitorio a derogar la norma el 28 de noviembre de 2019. Ocurrió apenas dos semanas después de su promulgación. Sin embargo, el documento se convirtió en una prueba clave dentro de los procesos judiciales.
En la audiencia del lunes, Áñez defendió su actuación y afirmó: “En ninguna parte del decreto supremo emitido por mi gabinete, porque no fue la malvada Jeanine la que redactó, firmó y publicó un decreto supremo, dice que hay piedra libre para ir a matar”.
Militares y policías
El Ministerio Público incluyó el decreto en los casos Golpe de Estado I y II. en ambos, la expresidenta y varios de sus exministros enfrentan acusaciones por genocidio, homicidio y resoluciones contrarias a la Constitución.
El lunes, ante el memorial sobre excepción de incompetencia presentado por la defensa, el juez David Kasa, de El Alto, anuló los obrados del caso Senkata y derivó el expediente a un eventual juicio de responsabilidades.
Seis años después de su promulgación, el Decreto 4078 sigue siendo un símbolo del debate sobre la responsabilidad penal y política de las autoridades que asumieron el poder tras la renuncia de Evo Morales.
