El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, confirmó que el Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la cesación de la detención preventiva del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y del expresidente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari dentro del caso denominado Golpe de Estado I.
La decisión de la Justicia benefició a ambos con medidas distintas: la detención domiciliaria en el caso de Camacho y la liberación pura y simple para Pumari, quien fue devuelto a la cárcel de Cantumarca.
Luis Fernando Camacho
Torres explicó que la apelación se fundamenta en que aún existen riesgos procesales que, a criterio del Ministerio Público, no fueron plenamente desvirtuados.
Señaló que corresponde ahora a una sala competente evaluar los argumentos y definir si confirma o revoca la resolución judicial que otorgó la libertad a los acusados. “El Ministerio Público es respetuoso de todos los pronunciamientos de la autoridad jurisdiccional, pero también tiene la obligación de velar porque el proceso avance sin riesgos de obstaculización”, afirmó.
Marco Antonio Pumari
El fiscal recordó que, según el informe de la Comisión de Fiscales, algunos elementos de convicción fueron debilitados durante las audiencias, lo que permitió la cesación de la detención preventiva. Sin embargo, consideró que esos aspectos serán nuevamente fundamentados en la apelación. Enfatizó que el proceso por los hechos de 2019 sigue vigente y que la investigación no concluyó.
La liberación de Pumari marca un giro en el caso, puesto que el exlíder cívico potosino llevaba más de dos años detenido sin sentencia, una situación cuestionada por sectores políticos y de derechos humanos.
En tanto, la detención domiciliaria de Camacho, que deberá cumplir en Santa Cruz, generó reacciones encontradas. Mientras sus seguidores celebraron la medida como un acto de justicia, desde el oficialismo se insistió en que los hechos por los cuales es procesado deben llegar a juicio.
Caso Golpe de Estado I
Torres aclaró que, en el caso del paro de 36 días de 2022, atribuido a Camacho, el Ministerio Público no presentó recurso de apelación, diferenciando así los procesos abiertos contra el gobernador.
La apelación ahora dependerá de lo que resuelva la sala correspondiente, en un contexto político y judicial marcado por la presión social y el debate sobre la independencia de poderes.
