Las fiscalías de Bolivia y Perú firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) destinado a combatir el crimen organizado y los delitos ambientales de carácter transnacional que afectan a ambos países.
“Hoy pudimos firmar un acuerdo para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación entre el Ministerio Público de la República del Perú y el Ministerio Público de Bolivia, con el fin de darle seguridad a la sociedad a la que nos debemos. Les aseguro que en los próximos días veremos los primeros resultados fruto de este compromiso”, sostuvo Roger Mariaca, fiscal general del Estado.
Por su parte, la fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza, destacó la importancia del trabajo coordinado entre fiscalías en el contexto del crimen transfronterizo.
“Estamos dando un paso importante en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. La creación de los Equipos Conjuntos de Investigación permite que países como Perú y Bolivia, y próximamente otros Estados hermanos, unamos esfuerzos con base en la confianza, el intercambio de información oportuna y la acción decidida”, dijo Espinoza.
La iniciativa contó con el respaldo técnico y estratégico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, que viene acompañando al Ministerio Público en la implementación de mecanismos eficaces de lucha contra el crimen organizado.
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Mónica Mendoza Betacourt, representante de UNODC en Bolivia, expresó su reconocimiento al esfuerzo de ambas fiscalías y reafirmó el compromiso del organismo internacional en continuar apoyando iniciativas que fortalezcan la cooperación regional.
La creación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) se consolidará como un mecanismo eficaz de cooperación directa que permita compartir información clave, aplicar técnicas especiales de investigación y llevar adelante procesos de persecución penal conjunta.
Los principales ejes del trabajo del ECI se centrarán en la investigación y judicialización de delitos como el tráfico ilícito de minerales, la minería ilegal, la contaminación ambiental, la legitimación de ganancias ilícitas y otras actividades criminales conexas que amenazan el equilibrio ecológico y la seguridad en zonas fronterizas.
