Eusebio Vera, abogado defensor de los excomandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana, Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjuri, anunció que solicitarán la anulación de sus sentencias por el caso denominado Golpe de Estado II, si se confirma la nulidad de la condena contra la exmandataria transitoria Jeanine Áñez.
La defensa de Áñez presentó días atrás un recurso de revisión extraordinaria de sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revertir la condena de 10 años prisión dictada en 2022 por este caso.
El recurso fue admitido y se espera en los próximos días la decisión de admisión o no. En caso de ser admitido, otro magistrado analizará el fondo del recurso para determinar si corresponde o no anular la sentencia.
Vera explicó que los exjefes militares se acogieron a un proceso abreviado porque se les redujo la sanción. “En el caso de Jarjuri, él ha sido sentenciado a dos años, lo que le ha permitido acceder a la libertad. La mayoría de los implicado acepto esa figura jurídica porque se les minimizó la pena”, explicó.
Recordó que los delitos de terrorismo, sedición y conspiración contemplan sanciones de entre 15 y 20 años de cárcel, por lo que en su momento el procedimiento abreviado fue visto como una salida “favorable”.
El abogado, sin embargo, sostuvo que sus defendidos fueron persuadidos a acogerse a esa vía bajo condicionamiento. “No ha habido una expresión de la voluntad de manera libre, espontanea, si no ha sido bajo una forma de una coacción”, dijo.
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Aseguró que la norma permite en casos similares que se revise el proceso o exista un vicio de nulidad por “existir la no expresión de la voluntad de manera libre”.
En febrero de 2022, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1 de La Paz condenó a tres años de presión a los excomandantes militares por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.
La sentencia fue emitida tras el pedido de juicio abreviado, donde ambos admitieron su culpabilidad sobre los hechos ocurridos en 2019, durante la crisis política y social.
Según la imputación, Terceros facilitó el traslado de legisladores de la oposición para posibilitar la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa y la sucesión de Áñez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.
En tanto, Jarjury fue acusado por permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre.
El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, presionado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión militar.
