El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 6to de La Paz condenó a ocho años de cárcel al exministro de Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada por el caso denominado Crédito del FMI.
Según la acusación, quien fuera ministro en la gestión transitoria de Jeanine Añez participó en la gestión irregular del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año 2020, sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
El procurador del Estado, Ricardo Condori, informó que el Ministerio Público impulsó al proceso a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría del Estado.
Parada fue hallado culpable por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta económica antieconómica.
En el fallo también se declaró rebeldes a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del BCB, quien recibió una condena de cinco años de cárcel, y a Wálter Erik Guzmán Tordoya, exgerente del BCB, sentenciado a un año de reclusión.
En tanto, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Wálter Morales Carrasco quedaron absueltos de responsabilidad penal.
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Crédito
Según la acusación, el 10 de abril de 2020, Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG (aproximadamente 24 millones de dólares), bajo el argumento de la atención de la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Posteriormente, el 20 de abril de ese mismo año, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Economía y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa.
La Procuraduría destacó que este resultado representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del país. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, señaló Condori.
