El Ministerio Publicó informó que se encuentra analizando los mecanismos para hacer efectiva la sentencia del caso Gases Lacrimógenos de Ecuador, que involucra a los exministros Roxana Lizárraga (Comunicación) y Luis Fernando López (Defensa).
“Recién hemos sido notificados, hace unos días, con la sentencia íntegra que se dictó en abril. Es en ese sentido se va a analizar los mecanismos necesarios para que pueda ser efectiva esta sentencia”, indicó el fiscal Aldo Mesa.
Ambos exministros, al igual que Arturo Murillo, fueron sentenciados a cinco años y cuatro meses, pero actualmente no se encuentran en el país y cuentan con la declaratoria de rebeldía.
“Seguramente se van a activar todos los mecanismos para que también pueden responder a la justicia boliviana”, añadió el fiscal.
Por el mismo caso, Murillo sumó su tercera detención preventiva en la cárcel de San Pedro, La Paz, luego de dos audiencias que fueron postergadas.
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En febrero de esta gestión, la justicia dictó sentencia contra Murillo, López y Lizárraga en el juicio oral por el denominado caso Gases Lacrimógenos de Ecuador.
Entonces, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, señaló que las exautoridades debían cumplir sus penas en las cárceles de San Pedro (varones) y de Obrajes (mujeres), además de pagar costas, daños y perjuicios en favor del Estado.
El caso se remonta al 15 de noviembre de 2019, durante la crisis política y social que atravesaba Bolivia. Ese día, los entonces ministros de Gobierno, de Defensa y de Comunicación junto a mandos militares y policiales sostuvieron una reunión en la que determinaron solicitar material antidisturbios en calidad de préstamos a la Ecuador.
Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger los agentes químicos solicitados en calidad de préstamo.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron los exministros de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios.
